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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Representantes de al menos treinta organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas del conflicto armado, acudieron a Casa Presidencial, ayer, para entregar una correspondencia en la que solicitan al Presidente Salvador Sánchez Cerén, el veto a la Ley de Reconciliación Nacional, si llegara a ser aprobada por la Asamblea Legislativa. La petición de las organizaciones responde a que consideran que en el primer órgano de Estado, se ha configurado una normativa que trae más beneficios a los victimarios que a sus víctimas, ya que supuestamente los exonera de la responsabilidad penal a cambio de participación en las investigaciones que la Fiscalía General de la República (FGR), desarrolle sobre violaciones a derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado.
“Venimos a demandar al presidente que si los partidos políticos deciden tomar parte por la impunidad y aprobar esta ley, que la vete y no permita que forme parte de nuestro ordenamiento jurídico. Las personas que están tomando estas decisiones, de una vez por todas entiendan que las víctimas no desaparecieron, siguen aquí”, dijo David Ortiz, miembro de FESPAD.
Las organizaciones de derechos humanos y comités de víctimas, plantean que la subcomisión de Reconciliación Nacional, creó una nueva versión de la derogada Ley de Amnistía General, porque además de no ser consultada con todas las partes afectadas por el conflicto armado.
El representante de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), externó además que la propuesta de ley resta atribuciones y capacidades a la FGR, para investigar y perseguir el delito.
“Se genera un tiempo determinado para que la Fiscalía haga un listado de víctimas, además los diputados plantean que en ningún caso se podrá decretar detención provisional en contra de una persona señalada, por haber cometido estos graves delitos”, expuso Ortiz.
Para las organizaciones, el hecho de que se exonere la pena de cárcel a una persona que usó un aparato de poder para cometer graves violaciones a los Derechos Humanos, durante el conflicto armado es un digno inequívoco de impunidad y esta es contra de la justicia transicional.
Los colectivos llamaron a los diputados a tomar en cuenta el anteproyecto de ley presentado por las víctimas, porque esa es su voz, deben respetarla y dar respuesta a las demandas de justicia de los afectados más que proponer una salida beneficiosa a los responsables
de violar sus derechos como lo hacen al apurar la aprobación de su marco legal.
