Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Por: Luis Rafael Moreira Flores
Un amplio frente de organizaciones defensoras de derechos humanos, colectivos de víctimas y movimientos sociales alzaron la voz para exigir al Gobierno la liberación inmediata de miles de personas detenidas a quienes, tras meses o años de reclusión, no se les ha comprobado delito alguno ni vínculos con estructuras de pandillas.
La movilización de las organizaciones surge ante el creciente temor de que el proceso de liberación que prevé ejecutar el Ejecutivo no se realice bajo el estricto apego a la ley y al debido proceso, sino mediante mecanismos de coerción. Según denunciaron los voceros, existen fuertes indicios de que las excarcelaciones se pretenden realizar de forma condicionada, obligando a los privados de libertad a firmar documentación probatoria en la que asimilen o acepten algún grado de responsabilidad penal a cambio de recibir medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
Coerción y vulneración del debido proceso
Durante la actividad, representantes de los derechos humanos señalaron que someter a personas inocentes a la firma de admisiones de culpabilidad representa una grave violación a las garantías individuales e internacionales.
Samuel Ramírez, representante del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), enfatizó el peligro que entraña esta estrategia oficial sobre una población penitenciaria desgastada por las condiciones de encierro.
«Esta medida es sumamente peligrosa. Como organizaciones hemos luchado incansablemente y contamos con la documentación técnica y legal que demuestra de manera categórica la inocencia de las víctimas. Sin embargo, ante el horror y la desesperación que genera el cautiverio prolongado, los detenidos pueden verse orillados a asumir culpas que no tienen con tal de recuperar su libertad», advirtió Ramírez.
El líder de derechos humanos agregó que aceptar responsabilidad bajo coacción no solo legitima las detenciones arbitrarias cometidas por el Estado, sino que deja a las personas con antecedentes penales injustificados, cerrándoles las puertas al empleo y al reintegrarse a la vida social.
Criminalización de la defensa ambiental y presos políticos
El pronunciamiento también abordó la situación de los denominados presos políticos y defensores del territorio, cuyos casos evidencian el uso del sistema penal como herramienta de amedrentamiento social.
Lourdes Palacios, activista y defensora de derechos humanos, hizo un enfático llamado sobre los casos de líderes comunitarios, sociales y políticos que permanecen encarcelados a causa de su labor en defensa de los derechos humanos y ambientales. Palacios citó precedentes donde defensores territoriales han sido presionados a firmar acuerdos de culpabilidad para obtener su libertad, invisibilizando que su única participación en acciones de calle estuvo motivada por la protección de sus comunidades y la lucha contra proyectos extractivos.
«Se ha vuelto una práctica sistemática vincular la protesta social y la defensa de la tierra con actividades ilícitas. Muchas de estas personas están presas por haber liderado acciones pacíficas en las calles para proteger el agua y el territorio. Obligarles a firmar documentos donde se declaren culpables es una forma de desarticular el tejido comunitario y castigar la resistencia social», señaló Palacios.
Un respaldo amplio y diverso
La jornada de denuncia contó con el acompañamiento unánime de diversas agrupaciones de la sociedad civil organizada que han dado seguimiento a los abusos cometidos en el marco de las políticas de seguridad vigentes.
Entre los asistentes destacaron los testimonios de las integrantes del colectivo Madres por la Libertad, quienes agrupan a familiares de trabajadores, jóvenes y campesinos capturados sin investigación previa. Asimismo, la actividad estuvo respaldada por el Bloque de Rebeldía y Resistencia Popular (BRP), así como por el acompañamiento histórico de las Comunidades Eclesiales de Base (CEB) y diversos colectivos estudiantiles, sindicales y de mujeres.
Las Comunidades Eclesiales de Base reafirmaron su compromiso ético y espiritual con los más vulnerables, recordando que la justicia no puede construirse sobre la base de la arbitrariedad ni del sufrimiento de familias inocentes.
Demandas urgentes a la institucionalidad
Ante el escenario de posibles excarcelaciones bajo condiciones coercitivas, las organizaciones expusieron una serie de exigencias dirigidas a las autoridades del sistema judicial y del Ejecutivo:
- Liberación Incondicional: Que se otorgue la libertad irrestricta y sin antecedentes penales a todas las personas sobre quienes no existan pruebas de pertenencia a grupos criminales o comisión de delitos.
- Nulidad de documentos coercitivos: Que se garantice que ningún privado de libertad sea forzado a firmar declaraciones de culpabilidad, acuerdos de avenimiento o aceptación de cargos bajo presión psicológica o falta de asesoría legal independiente.
- Reparación Integral: Que el Estado establezca un programa de reparación para las víctimas de detenciones arbitrarias y sus familias, incluyendo atención médica, psicológica y resarcimiento económico.
- Cese a la persecución de defensores: La inmediata revisión de los expedientes de líderes comunitarios y ambientalistas procesados por ejercer su derecho a la protesta y a la defensa del medio ambiente.
Las organizaciones concluyeron la conferencia de prensa reafirmando que mantendrán la vigilancia ciudadana y las acciones de acompañamiento a las familias en las afueras de los centros penales y sedes judiciales, al tiempo que reiteraron su llamado a los organismos internacionales de derechos humanos para que sigan monitoreando la situación en El Salvador.
