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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Representantes de varias organizaciones sociales y ambientalistas que conforman la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua acudieron a la Asamblea Legislativa, para mostrar su rechazo ante el retraso que en la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático experimenta la discusión del anteproyecto de Ley de Aguas.
Las organizaciones consideraron que las disposiciones de Martha Evelyn Batres, presidenta de la instancia legislativa quien está semana
suspendió la sesión de dicha comisión, atenta contra el derecho al agua de muchas comunidades que en la actualidad sufren escasez del vital líquido.
“Estamos un día más exigiendo que la Asamblea Legislativa retome la ley general de aguas, es lamentable que no se esté discutiendo a pesar de que en el país tenemos una grabe crisis del recurso hídrico”, dijo Luis González, miembro de la Unidad Ecológica Salvadoreña (Unes).
González expuso que la situación de retraso en la discusión de la ley se agrava cuando Batres no convoca por segunda semana consecutiva a sesión de la comisión, con lo que otros temas de menor jerarquía sufren retraso y por ende también la Ley de Aguas.
Los integrantes de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua también lamentaron la represión de la que son víctimas desde hace un par de semanas por parte de las autoridades de ese órgano de Estado, que les ha negado la entrada a la Asamblea Legislativa.
“Hace dos semanas fuimos duramente reprimidos por ejercer el derecho a la participación reconocido en las legislaciones ambientales y, además, a la libertad de expresión, por ello estamos también exigiendo que se permita la participación de la ciudadanía en lo que respecta al monitoreo y gestión de los bienes ambientales”, afirmó González.
Para los miembros de la alianza, tanto el retraso en la discusión del marco legal, como el bloqueo a la participación de organizaciones sociales es grave y por ello exigieron que se respeten estas reivindicaciones.
La Alianza Nacional contra la Privatización del Agua rechazó que los órganos de Estado cierren espacios a la participación ciudadana en políticas en formación que pueden beneficiar o perjudicar a las grandes mayorías de la población.
