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La Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PRO VIDA denuncia las amenazas de privatización del agua en El Salvador. Foto Diario Co Latino/ Juan Carlos Villafranco.

Organización social exige al Legislativo aprobar ley de aguas

Oscar López
@OscarCoLatino

Lideresas de distintos puntos del país, que integran la Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria “PRO-VIDA”, se concentraron en el monumento a la Constitución, para exigir la aprobación en la Asamblea Legislativa de una ley general de aguas que reconozca la gestión pública y comunitaria del vital líquido.
Graciela Colunga, directora de la asociación “PRO-VIDA”, manifestó que el objetivo de las lideresas es demandar la no privatización del agua.

“Estamos demandando tres elementos fundamentales que son el alma y corazón de la ley”.

Los aspectos a los que Colunga se refiere son: que la rectoría del
agua sea pública, esto fundamentado en que el líquido es un bien público; el segundo es que el Estado no solo sea administrador del recurso, sino también que planifique a través de cuencas para que el recurso se renueve, y con ello se garantiza para futuras generaciones; y la participación ciudadana en la gestión del recurso.
Colunga, comentó que la empresa privada tiene intereses en la administración del agua, por ello pretende que sea aprobada una ley
que garantice que sus representantes sean los que administren el recurso, lo que generaría que se priorice el comercio del líquido sobre el consumo humano.

La asociación PRO-VIDA consideró que el pasado 5 de junio se puso en evidencia el peligro al derecho humano al agua, ya que los diputados de partidos de derecha aprobaron en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa relegar la discusión de la mencionada ley y de los artículos ya consensuados.

Para la asociación PRO-VIDA, el objetivo de los partidos ARENA, PCN, GANA y PDC es iniciar la discusión de una nueva propuesta llamada “Ley Integral de Aguas”, cuyo contenido es “privatizador, pues cede facultades administrativas a privados, siendo el agua un bien público”.

“El agua es un derecho público, exigimos que la empresa privada no sea incluida en el ente rector de la ley de aguas ante sus claras pretensiones de lucrarse a través de la comercialización del agua, en detrimento de la población”, concluyó Colunga.

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