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En El Salvador se estima que existen alrededor de 71,500 personas desplazadas internamente a causa de la violencia, enfrentándose a diferentes necesidades humanitarias básicas, como el acceso a albergues, asistencia legal, y al restablecimiento de sus medios de vida.
A fin de proteger a las personas desplazadas internamente, y a quienes hayan sido deportados y necesitan protección tras su retorno a El Salvador, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) firmaron carta de entendimiento.
Ambas instituciones se comprometieron contribuir a la gestión de la asistencia humanitaria a la población desplazada de acuerdo con criterios de vulnerabilidad que contemplen un enfoque de edad, género y diversidad, centrado en la persona.
De acuerdo con la jefa de la Oficina Nacional del ACNUR en El Salvador, Elisa Carlaccini, se acordó “trabajar de manera conjunta en la incidencia para la aprobación de marcos legales y el desarrollo de rutas de atención que protejan a estas personas y garanticen sus derechos”.
“Nos sorprende la capacidad de resiliencia de las personas forzadas a desplazarse, y su voluntad de salir adelante a pesar de las consecuencias humanitarias tan graves a las que hacen frente.
Nuestro rol es el de acompañar a las víctimas en su proceso de recuperación de unas condiciones de vida dignas, siempre tomándolos en cuenta como protagonistas activos de sus procesos”, manifestó Olivier Martin, jefe de la Misión del CICR en El Salvador.
ACNUR y el CICR también colaborarán en la difusión y promoción de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, a través de talleres, foros y actividades de sensibilización sobre las consecuencias humanitarias y las necesidades de protección con las que viven estas personas.
