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Sao Paulo / AFP
La justicia brasileña ordenó el miércoles el traslado del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, desde Curitiba (sur), a una prisión del interior de Sao Paulo, informó un tribunal de ese estado.
El exmandatario (2003-2010) será transferido -en una fecha aún no divulgada- a la Penitenciaria II de Tremembé, a unos 150 km de la capital de Sao Paulo, donde están recluidos varios homicidas «famosos» de Brasil, condenados por casos de gran repercusión pública.
Enseguida, la defensa de Lula envió una petición urgente al Supremo Tribunal Federal (STF) para que suspenda la transferencia del líder histórico de la izquierda, de 73 años, que cumple desde abril de 2018 una condena de 8 años y 10 meses de prisión en la sede de la Policía Federal (PF) de Curitiba, en el estado de Paraná.
Sus abogados argumentan que si las autoridades no pueden custodiarlo donde se encuentra, deberían entonces concederle la «libertad plena» y no «colocarlo en una situación de mayor vulnerabilidad jurídica y personal», como consideran la transferencia a una cárcel común.
Pidieron, además, que Lula pueda continuar en una sala individual «compatible» con su condición de expresidente e insistieron en que la justicia atienda rápidamente su reclamo de «nulidad de todo el proceso» y restablezca su libertad.
El traslado fue solicitado por la policía, que alega estar sufriendo diversos trastornos con su custodia en un establecimiento pensado para alojar apenas presos provisorios y en cuyos alrededores se han aglomerado partidarios y adversarios del expresidente, que recibe numerosas visitas de personalidades brasileñas y extranjeras.
La jueza de Curitiba que ordenó la transferencia, afirmó que la decisión busca «reducir los costos humanos y financieros inherentes a la custodia, además de proporcionarle mejores condiciones de resocialización» a Lula, trasladándolo a «un establecimiento efectivamente volcado a la ejecución penal, cerca de su medio social y familiar».
La ejecución de la pena impuesta a Lula pasó entonces a manos de la justicia de Sao Paulo, que determinó su traslado a Tremembé, a más de 150 km de Sao Bernardo do Campo, cinturón industrial de la megalópolis donde Lula se forjó como líder sindical y mantiene sus lazos familiares.
Lula se declara inocente de las acusaciones por las que fue condenado y denuncia una conspiración político-judicial para impedirle volver al poder.
