Diario Co Latino 133 años informándote con credibilidad
Artículos relacionados
Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
La Fiscalía General de la República (FGR) informó este lunes que giró órdenes de detención en contra de dos empleados de la Corte de Cuentas de la República (CCR) por los delitos de incumplimiento de deberes y actos arbitrarios.
La fiscalía presume que los funcionarios incurrieron en los delitos al no informar sobre hallazgos de irregularidades en la ejecución de las obras de construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral, en el norte del departamento de San Miguel; estos ascenderían a más de 161 millones de dólares.
Los capturados son Wilfredo Aguilar Montesinos, director Ad Honórem de Auditoría Cuatro y José Isidro Cruz, coordinador de Auditoría, de la Corte de Cuentas de la República, durante la ejecución de auditoría de examen especial a la ejecución presupuestaria del contrato entre la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y la empresa italiana ASTALDI.
Según la fiscalía, dicho examen fue entregado a Aguilar Montesinos el 12 de septiembre de 2014, como “Informe Borrador”, y este fue leído hasta el 10 de abril de 2015, en donde aún existían los hallazgos encontrados por los auditores del Examen Especial.
Sin embargo, el 12 de junio de 2015 fue emitido el informe final en el que se hacía constar la existencia de solo dos hallazgos. El Ministerio Público subraya que los imputados omitieron el resto de las irregularidades sin fundamento alguno. Los cuatro hallazgos desvanecidos, presuntamente de forma no justificada, ascienden a $161 millones 941 mil 532.79.
El Chaparral inició su construcción en el 2008 y el coste inicial del megaproyecto fue de poco más de 200 millones de dólares, en la actualidad se considera que la obra costará unos 759 millones de dólares.
Expiloto de Mauricio Funes se fuga de arresto domiciliar en Chile
Este lunes, la Fiscalía General de la República fue notificada por la Dirección de Asuntos Internacionales de Chile sobre la fuga de Luis Miguel Ángel García, expiloto presidencial de Mauricio Funes y uno de los 32 vinculados al caso Saqueo Público, por supuestamente ayudar a blanquear más de $364,000. García y su esposa, Rosa López de García, se encontraban bajo arresto domiciliario en Santiago, la capital chilena, en donde residían desde el año 2015. En septiembre de 2018 se solicitó a Chile la extradición de ambos.
