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Saúl Méndez
Colaborador
El Observatorio Regional de Derechos (ORD) expresó su preocupación ante la denuncia pública realizada por la abogada Roxana Cardona, quien informó que el 12 de octubre dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se presentaron en su vivienda, solicitaron su Documento Único de Identidad (DUI), registraron sus datos en un sistema institucional y fotografiaron el inmueble, sin ofrecer una explicación suficientemente clara sobre la finalidad de estas actuaciones.
Según su testimonio, al consultar las razones de la visita, los agentes manifestaron que se trataba de un procedimiento de ubicación destinado al Ministerio de Seguridad y Justicia.
La abogada señaló que la intervención policial se realizó únicamente en su vivienda y expresó su preocupación por una posible relación con publicaciones recientes en las que ejerció su derecho a la libertad de expresión, incluidos comentarios dirigidos al vicepresidente de la República, Félix Ulloa, y sobre el proyecto gubernamental DoctorSV.
Este hecho presenta elementos coincidentes con patrones de vigilancia, recopilación de información personal y posibles actos de intimidación que el ORD ha venido documentando, particularmente mediante la identificación de personas, el registro de documentos, la toma de fotografías y la presencia policial en espacios vinculados con el ejercicio de derechos fundamentales.
“Estas prácticas también han sido denunciadas en casos de personas defensoras de derechos humanos que posteriormente han enfrentado procesos de criminalización, se han visto obligadas a desplazarse al exilio o han sido silenciadas mediante hostigamiento y otras formas de intimidación, generando un clima de temor y autocensura que restringe el ejercicio de sus derechos”, alertó el Observatorio.
El ORD también advirtió que las instituciones de seguridad pública no deben ser instrumentalizadas, que es algo que han señalado diversas organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.
“La recopilación de datos personales y el registro fotográfico de viviendas requieren especial atención cuando las personas afectadas han expresado públicamente opiniones críticas sobre las autoridades”, manifestó.
Ante estos hechos, el Observatorio Regional de Derechos (ORD) expresó su preocupación por la seguridad e integridad de Roxana Cardona y de su grupo familiar, e hizo un llamado a prevenir cualquier acto de intimidación o represalia en su contra.
El ORD también exhortó a las instituciones competentes a garantizar que ninguna persona sea objeto de vigilancia, intimidación o represalias por ejercer legítimamente sus derechos a la libertad de expresión y de opinión.
Por otra parte, reiteró la necesidad de investigar los posibles patrones de vigilancia y hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos, organizaciones sociales y voces críticas, al tiempo que instó a garantizar mecanismos efectivos de protección y rendición de cuentas.
“Expresamos nuestra solidaridad con Roxana Cardona y su grupo familiar ante los hechos denunciados, así como nuestra preocupación por su seguridad e integridad”, indicó.
El ORD aprovechó para hacer un llamado a la comunidad internacional y a los organismos de protección de derechos humanos a mantenerse vigilantes ante estos hechos, dar seguimiento a los patrones de vigilancia y hostigamiento denunciados y exigir al Estado salvadoreño el respeto y la garantía de los derechos fundamentales.
