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CNR defiende reformas al Código Municipal
Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
La Comisión de Salvadoreños en el Exterior de la Asamblea Legislativa recibió al director del Centro Nacional de Registros (CNR), Camilo Trigueros, para explicar la nueva Ley de Personas Jurídicas y la reforma al Código Municipal para que las asociaciones comunales y las Asociaciones de Desarrollo Comunal o mejor conocidas como «ADESCOS» se inscriben obligatoriamente en un registro que llevaría el CNR.
Camilo Trigueros defendió estas normativas, ya que uno de los supuestos beneficios es que se mejorarían los tiempos de respuesta de los trámites de registros para las asociaciones, la digitalización de los servicios y la disminución de la cantidad mínima de individuos para establecer una asociación de tipo comunal que pasarían de 25 a 10.
El objetivo de estas normativas, explicó Trigueros, es que se centraliza a las asociaciones comunales bajo un mismo criterio, situación que era «complicada» desde las alcaldías municipales y las ordenanzas respectivas. Esto «va a permitir tener una visión única» que aplicaría para todas las asociaciones, explicó el funcionario.
Las asociaciones comunales que ya están constituidas se pueden inscribir gratuitamente en el CNR. Trigueros sostuvo que en la reforma se eliminará «la publicación en el Diairo Oficial» en la creación de las asociaciones comunales. Con ello, las asociaciones se podrán «ahorrarse» $60 dijo Trigueros.
Las asociaciones comunales y ADESCOS se deberán inscribir obligatoriamente en el Registro de Asociaciones Comunales (RAC) qué estaría dentro de un nuevo Registro de Personas Jurídicas (RPJ), la cual se crearía con la Ley de Personas Jurídicas. Dentro del RPJ estaría el Registro de Comercio.
Las tarifas registrales para las asociaciones comunales que se presentan en el proyecto son $15 y $35. En la Ley de Personas Jurídicas se incluye un “esquema de aviso registral”, en el cual, se le avisará por correo o mensaje de texto que alguien ha solicitado algún movimiento y «eso brinda el aspecto de interconexión y seguridad jurídica”, dijo el director del CNR, por esa tarifa sería de $25, inicialmente se propuso $75.
El director del CNR propuso que los servicios de certificación extractada con un componente tecnológico tengan una tarifa de $12, y no $15; y el de documentos indeterminados en $6, y no $10.
Con las reformas y que el control lo tenga el CNR y no las alcaldías, las ADESCOS deberán presentar balances, cuerpos directivos y listas de asociados, así como los líderes comunitarios.
Una de las obligaciones para las asociaciones comunales es la obligación de llevar la contabilidad formal, pagar los impuestos, presentar los balances financieros, nombre de directivos y listado de asociaciones para obtener cada año la certificación de cumplimientos para obtener anualmente la certificación de cumplimiento, bajo la amenaza de cancelar en caso de incumplimiento.
En cuanto a los activos, cuando estos superen los $12,000, el balance debe incluir un dictamen de auditor, esto representaría un costo significativo para comunidades que financian sus proyectos con donaciones en especie, la mano de obra voluntaria o fondos de cooperación y aportes en remesas.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, enfatizó su preocupación, ya que se le pondría «más requisitos y más costos» para el funcionamiento de una ADESCO y pueda desarrollarse con normalidad. «Digo costos porque van a responder ante el CNR, una entidad del gobierno central y no de la municipalidad que le queda más cerca a la gente».
Ortiz sostuvo que preocupa también que se puedan disolver las ADESCOs, «por ejemplo, por una iniciativa de la Fiscalía General de la República», ya que si una ADESCO está inactiva también se puede disolver. «A mí me parece que la gente tiene derecho a organizarse, que la gente tiene derecho a luchar para tener una mejor vida en sus comunidades (…), en (las) comunidades la alcaldía es prácticamente ausente, no resuelve, no arreglan las calles, no ponen el alumbrado público, las alcaldías no responden a las necesidades, no le pueden pedir a la alcaldía ni siquiera una bolsa de cemento para arreglar los hoyos de las calles».
Ante esa ausencia, explicó Ortiz, la ciudadanía se organiza por su propia cuenta y soluciona sus problemas. «Hoy viene esta ley que realmente me parece muy abusiva en el sentido de que se le quiere controlar de manera muy fuerte y a la gente hay que dejarle la libertad de organizarse y luchar por una mejor vida, más allá de tantos trámites y tantas cosas».
El diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Francisco Lira, también comentó que a las alcaldías les han desmontando casi todo. «Le quitaron el FODES (Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador), le quitaron el tema de desechos, sólidos, y ahora lo que quieren es quitar es la coordinación de las ADESCOS».
A juicio de Lira, estas reformas es la continuación de la Ley de Agente Extranjero. «En su momento con esta ley le aplicaron un porcentaje de impuestos a las ONGs que coordinaban con las comunidades, ahora están queriendo restringir más a las ADESCO, que al final de cuentas son las que están haciendo el trabajo que las alcaldías no pueden, porque la han desmantelado, y son las que están haciendo el trabajo de reconstruir las calles, de poder introducir agua potable».
A juicio del tricolor, lo que busca el Gobierno con estas reformas y ley es debilitar a las ADESCOS. «Esta es una acción que debilita el pluralismo y la organización territorial de las comunidades».
Estás reformas seguirán siendo estudiadas por la Comisión de Salvadoreños en el Exterior.
