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Oposición a acuerdo migratorio en Guatemala termina en suspensión de cita entre Morales y Trump

Ciudad de Guatemala / AFP

Edgar Calderón

La fuerte presión con reclamos judiciales de opositores a un supuesto acuerdo migratorio de Guatemala con Estados Unidos derivó el domingo en la suspensión de la cita entre el presidente Jimmy Morales con su par estadounidense, Donald Trump, prevista para este lunes en Washington.

El gobierno guatemalteco informó en un comunicado la reprogramación de la reunión, debido a las «especulaciones» generadas de la posible firma de un convenio para que este país centroamericano pudiera acoger migrantes que solicitaran asilo en Estados Unidos.

El revuelo ocurre cuando falta menos de un mes para que los guatemaltecos elijan en un balotaje al sucesor de Morales, cuyo mandato finaliza en enero.

Hasta ahora, el Ejecutivo guatemalteco mantuvo el tema bajo gran hermetismo, sin confirmar si se firmaría o no el convenio, lo que provocó incertidumbre y reacciones de varios sectores que lo rechazaron por considerar que Guatemala es incapaz de acoger migrantes. El propio país es protagonista de la corriente migratoria que se ha incrementado desde el año pasado hacia Estados Unidos.

La reunión entre los presidentes para tratar temas de migración y seguridad había sido anunciada el jueves por Guatemala en redes sociales, sin más detalles.

El silencio oficial dio lugar entonces a la presentación de tres acciones de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para frenar al Ejecutivo, pues se suponía que el propósito de la visita de Morales a Washington era sellar el acuerdo para que Guatemala fuera «tercer país seguro». Funcionarios del gobierno habían admitido la existencia de las negociaciones.

El concepto implica que la nación centroamericana tramitaría los pedidos de asilo de todos los migrantes que pasan por su territorio en su marcha hacia el norte.

Pero esa posibilidad fue finalmente descartada este domingo al anunciar la suspensión de la reunión.

– Rotundo «no» de candidatos –

Los guatemaltecos irán a las urnas el 11 de agosto para elegir nuevo presidente entre la socialdemócrata Sandra Torres y el derechista Alejandro Giammattei, quienes rechazaron y criticaron la supuesta decisión del mandatario que parecía inminente.

«Exijo @jimmymoralesgt que NO firme acuerdo que lesiona la soberanía que decía defender, ya que impone obligaciones económicas que no podemos asumir y desataría una crisis humanitaria. ¡Rotundamente nos oponemos a ser un 3er país seguro! #NoAl3erPaísSeguro», afirmó en su cuenta Twitter Torres, quien ganó la primera vuelta el 16 de junio.

Giammattei fustigó también en declaraciones a periodistas la posibilidad de que se firmara tal pacto, considerando que ha sido negociado en secreto, se desconocen sus alcances, no existen condiciones de infraestructura ni económicas para atender a los migrantes y porque a Morales entrega el cargo el próximo 14 de enero.

Los cuestionamientos provinieron igualmente de Amnistía Internacional (AI), que afirmó que Guatemala no reúne las condiciones para ser un país seguro y tiene un sistema de asilo débil.

«Las leyes vigentes en Guatemala para temas de asilo tienen vacíos que no permiten un proceso claro que distinga entre la gente que busca protección por razones de violencia o situaciones de grave peligro o gente que está migrando por otras razones», comentó Juliana Cano Nieto, directora adjunta de campañas para las Américas de AI.

– Decisión legal –

Debido a las acciones legales interpuestas, el pleno de magistrados del alto tribunal se reunieron en la tarde del domingo para conocer los amparos, afirmó una fuente de la oficina de prensa de la CC.

Los amparos fueron interpuestos por un grupo de excancilleres guatemaltecos y un prominente diplomático local, así como por Manfredo Marroquín, quien fue candidato presidencial en los comicios del 16 de junio.

Los recursos fueron contra Morales, el ministro de Gobernación (Interior), Enrique Degenhart, y la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel.

El ombudsman, Jordán Rodas, también interpuso otra medida que ya fue aceptada por la CC para su trámite contra los mismos funcionarios y «ante la amenaza cierta e inminente de que el presidente firme un acuerdo con Estados Unidos para que Guatemala se vuelva tercer país seguro».

Un grupo de entidades humanitarias, entre ellas el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), también han rechazado la posible decisión del mandatario y están reuniendo firmas contra ella.

En Guatemala, la pobreza alcanza al 59% de los 17,7 millones de habitantes y empuja a los propios guatemaltecos a migrar a Estados Unidos.

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