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La portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Marta Hurtado, instó este martes 31 de marzo de 2026 al Estado de El Salvador a revisar “con prontitud” las recientes reformas constitucionales y legales que habilitan la cadena perpetua para niños y niñas desde los 12 años, al considerar que estas medidas contradicen normas internacionales de derechos humanos, especialmente las relacionadas con la justicia juvenil.
El pronunciamiento surge tras la aprobación de cambios normativos la semana pasada que contemplan la aplicación de prisión perpetua a menores de edad en determinados delitos graves. Según la oficina del Alto Comisionado, estas disposiciones establecen además que, en la mayoría de los casos, las condenas solo podrán ser revisadas judicialmente después de 25 años de detención, lo que genera preocupación en organismos internacionales.
De acuerdo con la vocera, este enfoque contraviene principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional ratificado por El Salvador, que obliga a los Estados a garantizar que los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley sean tratados con medidas orientadas prioritariamente a su rehabilitación y reintegración social.
“El encarcelamiento de menores debe utilizarse únicamente como último recurso y durante el período más breve posible”, reiteró la oficina del Alto Comisionado en su declaración pública.
La portavoz advirtió que la detención prolongada puede tener consecuencias graves y permanentes en el desarrollo físico, emocional y social de los niños y niñas, afectando su bienestar a lo largo de la vida y reduciendo sus oportunidades de reintegrarse de manera efectiva a la sociedad.
Asimismo, señaló que establecer plazos de revisión de condenas después de 25 años limita significativamente la posibilidad de evaluar los avances en los procesos de rehabilitación, lo que resulta incompatible con los estándares internacionales en materia de justicia juvenil.
El organismo internacional recordó que el sistema de justicia aplicable a menores debe centrarse en enfoques restaurativos y educativos, priorizando alternativas a la privación de libertad y garantizando evaluaciones periódicas que permitan valorar la evolución de cada caso.
Además del cuestionamiento a las reformas legales, la oficina del Alto Comisionado también hizo un llamado a las autoridades salvadoreñas para fortalecer las condiciones penitenciarias en el país y garantizar el cumplimiento pleno de los estándares internacionales de derechos humanos para todas las personas privadas de libertad, incluyendo adolescentes.
“El Estado debe asegurar condiciones adecuadas de detención, acceso a educación, atención psicológica y programas de rehabilitación efectivos”, subrayó el organismo en su posicionamiento.
El pronunciamiento se produce en medio de un debate nacional sobre el alcance de las reformas penales recientes. Mientras autoridades gubernamentales sostienen que las modificaciones responden a la necesidad de fortalecer la seguridad pública frente a delitos graves, organismos internacionales y defensores de derechos humanos han expresado preocupación por su impacto en la protección de la niñez y adolescencia.
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