Diario Co Latino 133 años informándote con credibilidad
Artículos relacionados
Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
La mañana de este jueves en la sede del juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán diecisiete militares implicados en la “Operación Rescate”, que provocó la muerte de cerca de un millar de personas civiles conocida como la Masacre de El Mozote y sitios aledaños, serán informados por el juez Jorge Alberto Guzmán de tres nuevas imputaciones: torturas, desaparición forzada y desplazamiento forzado, así lo informó Wilfredo Medrano, abogado acusador y representante de las víctimas.
“Así también han quedado en firme las medidas alternativas a la detención provisional, que han sido impuestas por el Tribunal, por tanto los imputados deberán presentarse una vez al mes ante el juzgado, no podrán salir del país sin previa autorización judicial justificada, y tienen vetado comunicarse con las víctimas y testigos que han declarado en el proceso penal o que puedan concurrir, de no cumplirlo pueden ser capturados”, señaló Medrano.
La Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal “María Julia Hernández” y Cristosal que representan a las víctimas y sobrevivientes de la Masacre El Mozote y sitios aledaños, mostraron su beneplácito por la decisión judicial del juez Guzmán, que viene a robustecer el proceso que cuenta con pruebas documentales, antropológicas, sociales y forenses.
David Morales de Cristosal anunció también que se ha declarado un nuevo imputado en el juicio, se trata del coronel Gabriel Contreras quien tenía el cargo de jefe de operaciones del Estado Mayor de la Fuerza Armada en 1981, y su participación en el diseño de la Operación Rescate.
“Esto muestra en las evidencias que la matanza al igual que otra similares eran decisiones del Alto Mando militar, está verificada la cadena de mando y en este caso al Batallón Atlacatl. Como abogados de la acusación particular, queremos instar a la Asamblea Legislativa para que acate las medidas provisionales que son obligatorias, que ha dictado el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la Masacre El Mozote, y no pueden tramitar esa ley de amnistía, que trataron presentar el pasado mayo del presente año”, manifestó Morales.
Los procesados son los generales: José Guillermo García, Rafael Flores Lima, Juan Bustillo Toledo y Natividad de Jesús Cáceres Cabrera. Los capitanes Juan Ernesto Méndez Rodríguez (actualmente coronel), José Antonio Rodríguez Molina (coronel), los teniente coronel Luis Alberto Landaverde Barrera, el mayor José Mario Godínez Castillo, el capitán Mauricio Isaac Duque Lozano, capitán Walter Oswaldo Salazar Martínez, el Teniente Oscar Córdova Hernández, los subtenientes: Roberto Antonio Garay Saravia y César Augusto Milla Flor, Carlos Eduardo Cáceres Flores, Jorge Armando Alfaro Bautista, Rafael Santiago Del Cid Aguirre, y Salvador Augusto Guzmán Parada quienes serán intimadas esta mañana.
Los abogados informaron que el defensor del general Bustillo, solicitó faltar a esta audiencia “por temor a su seguridad, afirmó Morales al consignar que este caso uno de los mayormente documentados, y que dio la vuelta al mundo demanda la aplicación de la justicia para los perpetradores y la erradicación de la impunidad.
“El caso de El Mozote y otros casos no se pueden violentar el derecho a la justicia, que ha sido gravemente sobrepasado. Recordemos que durante diez años el Estado deliberadamente se negó a investigar la masacre, es mas sostenía la tesis que no había existido esta masacre y no cumplió su deber de investigar judicialmente el caso. Y se aplicó también una Ley de Amnistía, el caso es muy antiguo muy complejo y de enormes dimensiones”, sostuvo.
El coordinador de Tutela Legal Ovidio Mauricio González señaló, que el Caso de El Mozote y sitios aledaños inició con la prueba de valor de cuatro sobrevivientes: Pedro Chicas, Rufina Amaya, Enma Márquez y Juan Bautista Márquez quienes abrieron el proceso con sus denuncias.
“Fue en 1990 cuando se abrió el proceso que es bastante significativa, porque las víctimas superando ese trauma, ese miedo pudieron poner una denuncia al tribunal; hubo que hacer un trabajo psicosocial con ellos para que pudiera superar todo ese temor y a partir de allí, ha sido toda una lucha histórica por la justicia. Y la reapertura del proceso en el año 2016, luego de derogar la Ley de Amnistía (1993) vislumbra esperanza a las víctimas”, concluyó.
