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Oscar Campos Molina
Sin duda alguna, aún hay mucho camino por recorrer en el tema del acceso a la información pública, uno de ellos pasa por efectuar los cambios necesarios que vuelvan a colocar a nuestra Ley de Acceso a la Información Pública a la vanguardia, que contemple la inclusión de otros actores como sujetos obligados o la implementación medidas que eliminen las discrecionalidades que en ocasiones toman los funcionarios y servidores públicos al momento de decidir sobre entregar o no una información; son sin duda solo algunos de esos cambios; sin embargo, también hay que reconocer que actualmente hay muy buenas iniciativas, muchas de ellas que permiten acercar a la ciudadanía, el ejercicio de sus derechos, en especial el de acceso a la información.
Ahora, el reto es ¿Cómo avanzamos? ¿Qué hará la ciudadanía con la información? ¿Conocen los ciudadanos si existen mecanismos de contraloría social en las instituciones públicas?
Viendo hacia adelante, “transitar hacia un estado abierto”, debería ser una de nuestras próximas metas, y en el camino debemos llevar de la mano el componente de apoyar a la gente a que exija, que pida información, que la utilice para ejercer control ciudadano y que denuncie cuando encuentren irregularidades, discrecionalidades, opacidad, corrupción etc.
El derecho de acceso a la información es un derecho de todos, no solo de investigadores, abogados, periodistas, gente de sociedad civil organizada… es un derecho del ciudadano de a pie, del que se levanta todos los días a trabajar desde muy temprano, del que se sube a un bus y no sabe si regresará o si le tocará caminar por largas horas cuando alguien cierra una calle en protesta, del ciudadano que escucha y mira en las noticias sobre expresidentes corruptos y partidos políticos que se pelean entre sí, pero que sabe que en su alcaldía han contratado a la esposa del alcalde o han acordado dar fondos públicos solo para los que votaron por su partido, de la ciudadana que debe hacer compras para la alimentación de su familia con unos cuantos dólares que no cubren siquiera una cuarta parte de la canasta básica; de esos ciudadanos y ciudadanas (y de todos) es el derecho de acceso a la información.
Que bueno sería que toda esta gente pudiera ejercerlo, que todos pudieran tener un plan de acción para ejercer contraloría, que en los mercados municipales, en las alcaldías, en las maquilas, en las universidades y en los parques hubieran oficinas de información y recepción de denuncias.
Ojalá pronto demos pasos de gigantes hacia un verdadero estado abierto, y que en la consecución de esa meta, también se sumen los políticos, empresarios, funcionarios, empleados, académicos, medios de comunicación, religiosos y en fin todos y cada uno de los que aún creemos en el país.
