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César Ramírez
@caralvasalvador
Hemos vivido en los últimos años un secuencia destructiva hacia las instituciones tradicionales de la República, un primero de mayo de 2021 se destituyó ilegalmente a los Magistrados de la Corte Suprema de la Sala Constitucional y al Fiscal General de la República, en septiembre 2021 se decretó otro Golpe al Poder Judicial al jubilar automáticamente a los jueces mayores de 60 años, en la Fiscalía General se denunció un movimiento similar con 300 fiscales y empleados administrativos no afines al gobierno de Bukele quienes fueron retirados (03MAY022 EDH), durante meses se fraguó una reforma a la Constitución que no ha contado con un debate público pero se ha presentado al Poder Ejecutivo; en una acción no solicitada el 4 de septiembre 2021 (BBC) esa misma Sala Constitucional impuesta emitió un fallo habilitando la reelección del presidente Bukele para un segundo mandato, a pesar de la prohibición constitucional, así emitió una orden al Tribunal Supremo Electoral de permitir dicha reelección.
El 4 de febrero de 2024 aconteció la elección para presidente y Asamblea Legislativa, pero observamos la destrucción de la credibilidad del proceso electoral, una verdadera demolición de la transparencia electoral con múltiples denuncias al viejo estilo de los gobiernos militares: relleno de urnas electorales, sustitución de personas de la Juntas Receptoras de Votos, Cacicazgos (atropello de personal designado de partidos opositores; imposición de votos, control de mesas electorales), apagón de transmisión de datos, sustitución de electores que al llegar a su mesas electoral se encuentran con la sorpresa que ya votaron en su nombre, duplicación o triplicación de votos, anuncio de victoria electoral sin respaldo oficial, empresa privada anuncia ganador a pesar que el recuento de votos terminará aproximadamente el 16 o 17 de febrero según Magistrado del Tribunal Supremo Electoral, existen otros eventos escandalosos como el voto en el exterior que no cuenta ni padrón electoral ni autoría y tampoco vigilancia de partidos opositores; ahora en el recinto de recuento de votos existe una sobrepoblación de asistentes del Partido Oficial, acoso a opositores, uso de instalaciones de la Universidad Nacional de un único partido, etc. el producto del proceso electoral es un desastre organizativo, que no es justo, ni libertario.
Ya no tenemos independencia o respeto Institucional en: La Corte Suprema de Justicia, Fiscal General, Jueces de Justicia, Tribunal Supremo Electoral, Constitución de la República, Derechos Ciudadanos violentados por un régimen de excepción prolongado por 23 meses, persecución a opositores políticos etc.
Mientras se politiza a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada.
Existe una institución no escrita en leyes formales es: el trato a los presos políticos; el caso ejemplar es del señor Alejandro Muyshondt, su muerte estremece la opinión pública; fue acusado de ser doble agente y trabajar para un gobierno extranjero… ha fallido sin juicio, ni condena firme, ni defensa jurídica, un escenario que ningún ser humano se merece en ninguna circunstancia.
Nuestro futuro no es Nicaragua, ni Venezuela ni ningún régimen contemporáneo, nuestro futuro es el pasado como en los años treinta del Siglo XX, nos espera una década de opresión y donde todo ciudadano no afiliado al partido oficial será sospechoso… probable prisión a los demócratas.
Este modelo que elimina la Independencia de los Poderes de la República (Judicial, Legislativo, Ejecutivo) sus contrapesos Corte Constitucional, Jueces, Tribunal Supremo Electoral y politiza a fuerzas de seguridad y ejército etc. ahora vive en la mente de nostalgia por la dictadura.
