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Irene Gómez, abogada de Justicia Restaurativa de la Fundación Cristosal. Foto Diario CoLatino /Gloria Orellana 

Normalizar la “impunidad” contribuye a la injusticia en el país

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

Irene Gómez, abogada de Justicia Transicional de la Fundación Cristosal, señaló la responsabilidad histórica que actualmente tiene la nueva Asamblea Legislativa, al aportar al país una Ley de Justicia Transicional, apegada a la realidad de las víctimas y personas sobrevivientes del conflicto armado de los años ochenta.

Irene Gómez, quien asistió a las recientes exhumaciones en el caserío El Barrial, cantón Cerro Pando y colonia San Oscar Romero, en cantón La Joya, Meanguera Morazán, reiteró la necesidad de contar con un cuerpo normativo que cumpla los estándares del derecho internacional.

– ¿Qué debe entender la población por Justicia Transicional?

La Justicia transicional es una justicia diferente que se aplica en casos de crímenes de Lesa Humanidad o Crímenes de Guerra, es cuando en un país se han vulnerado derechos de una gran magnitud y la dignidad de las personas, su integridad física, y, por lo tanto, el Estado tiene la obligación de generar justicia, para que las víctimas conozcan la verdad, que haya una reparación integral, que se den garantías de no repetición y que se preserve la memoria histórica.

– ¿Por qué es difícil que los Estados, generen esta justicia?

En el caso específico de El Salvador, lo que tenemos es que está normalizada la impunidad y como resultado de esto tuvimos la Ley de Amnistía, en el año 1993, que fue el obstáculo que se puso a las víctimas para que los casos de graves violaciones a derechos humanos y que se habían comenzado a judicializar no continuarán, así estaban interrumpiendo el acceso a la justicia de las víctimas al poner estos obstáculos.

Es bastante complicado porque se estaban auto amnistiando las partes beligerantes dentro del proceso, eran personas que venían de la Fuerza Armada que también fueron diputados y como el FMLN que se acababa de constituirse como partido político. Y eso es prácticamente la base de esa Amnistía, que era un auto-perdón para ellos, para no ser enjuiciados en este tipo de crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra.

– ¿Fundación Cristosal, qué reparación busca para las víctimas?

Con respecto a la reparación, nuestro papel inició con la atención a víctimas del conflicto armado, somos representantes legales de ellas en algunos casos y hemos trabajado en conjunto con las víctimas sobrevivientes, les hemos acompañado en la celebración de asambleas generales, antes de la pandemia del COVID-19, porque ahora son regionales para que no estén juntas muchas personas para evitar contagios y porque la mayoría de estas personas que sufrieron estas vulneraciones a sus derechos humanos, ya son mayores de edad.

Y de esa interacción sabemos que las víctimas generalmente lo que piden y que nosotros hemos trasladado al anteproyecto es contar con una Ley de Justicia Transicional con reparaciones psicosociales.

– ¿Qué significa para el Estado estas reparaciones psicosociales?

Esto significa que se trate a las personas de manera integral, que hayan reparaciones comenzando con sus viviendas, porque muchas de esas personas durante el conflicto armado perdieron sus tierras, sus viviendas, animales domésticos y cultivos. Recordemos, el operativo era “Tierra Arrasada”, que destruyó todo a su paso perdiendo lo poco que tenían, y esa reparación es lo que están pidiendo.

Queremos también que haya atención a la salud y una reparación monetaria como indemnización que puede única o retirarse mensualmente, esas son partes de las reparaciones que se deberían tener y no solamente ellos, sino también para las personas reencontradas, luego del conflicto armado y es lo que establece nuestro anteproyecto de ley.

Es muy importante para los reencontrados la reparación de su nombre, porque ellos en un inicio fueron asentados con un nombre, pero cuando los dieron a otras personas su nombre cambió. Y claro, el acceso a educación que se les facilite a las personas que fueron víctimas y sus descendientes estas reparaciones, que el Estado está obligado a darles y no solamente por sentencia de la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía (2016), sino también, por sentencias internacionales.

Entre los restos óseos que se buscan en este momento en (colonia San Oscar Romero) cantón La Joya, Meanguera, Morazán, esta el caso de Emelinda Hernández, que tiene una sentencia internacional del Caso Rochac y otros, en donde se obliga al Estado salvadoreño, dar reparaciones a las víctimas.

¿Cuál es la responsabilidad de la Asamblea Legislativa con esta ley?

Una cosa es que se llame a organizaciones y víctimas del conflicto armado, solamente para escucharlos y otro tema es que se conformen mesas de trabajo donde las víctimas del conflicto armado junto a las organizaciones que les representan y los técnicos que han ayudado con este proyecto de ley se dediquen a trabajar en conjunto en estas mesas.

Y pueden estar, incluso, los diputados y sus asesores, sus técnicos eso sería lo ideal ¿Por qué?, porque aquí lo importante es que en esa ley que se vaya a crear se establezcan las bases que las víctimas han pedido reiteradamente.

Porque de lo contrario, caemos en lo mismo, porque venimos de una Asamblea Legislativa, donde se hizo la simulación que se escuchaba a las víctimas, y eso estaría ocurriendo de nuevo, sino se instala una mesa técnica, una mesa en donde se integren y escuchen a las víctimas, sino será muy difícil que sea una ley digna para las víctimas del conflicto armado.

– ¿Qué lectura haces de personas que piensan que ya pasó el tiempo para la justicia?

Ante esto lo importante es la Memoria Histórica y esto tiene que ir incluido en el anteproyecto de ley. Nosotros lo hemos detallado, que no se pierda precisamente este elemento, porque es la historia de nuestro país.

Habrá gente que dirá -ya basta con esto- o que se ha dado largas a estos procesos, pero también es cierto que las heridas no han cerrado y sin justicia en este país, más adelante puede convertirse en la misma situación.

Digamos un militar que realizó estos actos de agresiones contra población civil desarmada y no recibió sanción y nunca recibieron sanciones del Estado por los delitos de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, vendrán nuevas generaciones de militares que tendrán la imagen -que dirán- como a ellos no les hicieron nada, entonces tampoco nos van a tocar a nosotros.

Entonces, la impunidad siempre va a prevalecer y por este tipo de casos es importante también contar con la Memoria Histórica y compartirla con las nuevas generaciones para garantizar las medidas de no repetición y que esto que sucedió a las víctimas y sobrevivientes no vuelva a suceder en el presente o futuro a nosotros.

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