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Dirigentes de partidos políticos minoritarios de derecha se reúnen con representantes del BID. Foto Diario Co Latino.

“No puede ser que por desacuerdos mínimos se someta al país a un eventual impago”: Rodolfo Parker

Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino

Coordinadores de los partidos de derecha minoritarios se reunieron con emisarios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para revisar las cifras manejadas por el partido ARENA y el Gobierno en cuanto a la brecha no financiada que presenta el Presupuesto General de la Nación 2018.

Según el ejercicio fiscal presentado por el Ministerio de Hacienda para el próximo año se necesita financiar $554 millones.

En un principio, el partido ARENA pretendía que esta brecha se redujera en $301.8 millones en gastos en tres áreas: congelamiento de remuneraciones, bienes y servicios y del fondo de las pensiones. El Gobierno plantea que podría llegar a hacer recortes para que el financiamiento a buscar sea de $440 millones. Por su parte, la diputada del FMLN Lorena Peña, dijo que su partido propone una reducción de $204 millones, en el caso de los partidos GANA, PCN y PDC, en un análisis desarrollado junto a personeros del BID y el Fondo Monetario Internacional (FMI) plantearon fijar la cantidad a financiar en $350 millones.

Según el diputado Rodolfo Parker diputado del PDC, la diferencia entre ARENA y el Gobierno para alcanzar un acuerdo es de cerca de $30 millones algo que según él no puede tomarse como un capricho que ponga al país en riesgo de un eventual impago.

“La diferencia es mínima para los costos que esto puede representar, no puede ser que por $30 millones de diferencia sometamos al país en un eventual impago, el que no se apruebe el Presupuesto General de la Nación no solo significa reducir el crecimiento económico del país con notables consecuencias, sino también reducir la inversión pública en infraestructura”, dijo Parker.

En la lógica del parlamentario, de no resolverse este impase entre el Gobierno y el principal partido de oposición se verían afectadas obras como el “By Pass” de San Miguel y las contrapartidas necesarias para Fomilenio II, un impacto social y económico que a su juicio es muy grande, además de que las calificadoras de riesgo podrían volver a poner al país en una categoría de impago.

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