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@JoakinSalazar
Continúa persecución política. La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro suspendió la audiencia probatoria, última etapa del proceso civil, en contra del ex presidente Mauricio Funes, por la presunta no justificación de $700 mil dólares, ante recurso presentado por la Defensa, por lo que se reprogramará hasta la próxima semana.
Como ex esposa del ex mandatario, Vanda Pignato es señalada en el proceso contra Funes, no obstante, la Secretaria de Inclusión Social negó su vinculación en los hechos atribuidos, dado que afirma que no existen pruebas en su contra.
“Mi caso es diferente porque yo no estoy siendo investigada, yo por haber sido esposa de él es que aparezco citada”, dijo en una entrevista matutina.
De igual manera sostuvo, “en este caso civil solo cabe ser absuelta, porque no hay pruebas en mi contra”.
Por su parte, el ex Presidente Mauricio Funes, no asistirá a la audiencia probatoria por el asilo político que tiene en Nicaragua. Es el resultado de la persecución política que mantiene la derecha en su contra, explican juristas. “No evado la justicia y tampoco tengo orden de captura”, escribió Funes en redes sociales.
En cuanto a la instalación de la audiencia, el ex mandatario dijo “la audiencia es un acontecimiento clave en el que demostraré mi inocencia, las pruebas de descargo presentadas son muy sólidas. Nadie de mi familia, ni yo, nos hemos apropiado de recursos públicos, a la fecha no se ha demostrado que haya cometido algún delito”.
Además agregó: “espero que después de la audiencia se cierre un capítulo que inició arbitrariamente probidad y dañó mi imagen y la de mi grupo familiar”.
La Cámara instalará hoy la audiencia probatoria, en la que las partes expondrán las pruebas presentadas ante los magistrados de la Cámara, al terminar esta audiencia se decidirá si los implicados son culpables de enriquecimiento ilícito, de manera civil.
El ex presidente fue demandado, por la Fiscalía, por enriquecimiento ilícito acatando una resolución pronunciada por la Sección de Probidad, de la Corte Suprema de Justicia que resolvió, a “puro olfato”, indicios del delito por no justificar un incremento patrimonial por $552,669 dólares.
