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@JoakinSalazar
Ante las constantes supuestas amenazas de grupos de pandillas a funcionarios de gobierno y de municipalidades, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública Mauricio Ramírez Landaverde descartó que los últimos hechos de violencia, perpetrados contra funcionarios públicos y municipales, tenga relación con grupos de pandillas.
“No hay indicios que nos oriente que homicidas de funcionarios sea producto de amenaza de atentar contra autoridades”, explicó el Ministro, esta mañana en la entrevista de un canal televisivo.
Y es que la semana pasada se hizo público un mensaje de supuestos pandilleros, en los que incrementaría el accionar delincuencial en contra de funcionarios de gobierno y de cualquier institución del Estado, situación que ha creado alarma en las diferentes entidades.
Sin embargo, Ramírez Landaverde aseguró que la Policía Nacional Civil (PNC) ha adoptado medidas de seguridad, que ha mantenido por años a funcionarios y las entidades del Estado. “Es importante que se tenga claro que instituciones están adoptando medidas para prevenir situaciones”, agregó.
Algunos medios de comunicación, vinculados a la derecha política del país, han afirmado que los hechos de violencia se deben a este tipo de amenazas, situación que ha creado miedo y zozobra en la población salvadoreña.
El titular de seguridad explicó que en el caso del concejal de Victoria, identificado como Freddy García, fue un hecho de violencia social asociada al consumo de alcohol. Y es que el concejal se encontraba en un bar a las 11, y presuntamente el homicida es un familiar. Por lo que se descartó que tenga relación con grupos de pandillas.
En cuanto al caso de la finca San Blas, que relaciona a agentes policiales del Grupo de Reacción Policial (GRP), el titular respaldó el trabajo operativo de la PNC, de quienes aseguró que su accionar es dentro del marco de la Ley.
“En el caso San Blas los miembros actuaron en cumplimiento a órdenes superiores de perseguir a grupos delictivos. Es obligación de las instituciones darles persecución y en la medida que se resistan puede haber consecuencias”, comentó.
La Fiscalía General de la República (FGR), acusa a los agentes del GRP de haber masacrado a siete personas, esto tras un enfrentamiento en marzo del año 2015, al menos una de las víctimas, según la Fiscalía ha determinado, no tenía relación con miembros de pandillas.
“Los miembros de la PNC detenidos por estos hechos, desde un principio, se dijo que el actuar había sido permitido. La FGR ha encontrado indicios que en uno de los casos posiblemente haya habido actuación más allá de la ley, pero son cientos de eventos en los cuales ha habido intercambio de disparos”, argumentó el ministro.
Además, recalcó que “el personal de la PNC cuenta con el apoyo del gobierno, es la PNC la que esta encarando y sacando adelante al país, por lo que esperamos que el caso de San Blas se aclare, los policías cuentan con el apoyo necesario”, comentó.
También, se ha logrado determinar que en la finca San Blas, La Libertad, el grupo criminal, que habría enfrentado a la PNC, no solo poseía antecedentes penales, sino que se reunían para planificar una masacre, así lo confirmó el Director de la PNC, Howard Cotto.
