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Mario Montes, presidente de la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales. Foto Diario Co Latino/Alex Henríquez

“No debemos permitir que el agua sea vista como mercancía”: AGEPYM

@DiarioCoLatino

La integración de representantes de la empresa privada al ente regulador del agua, fue uno de los temas más debatidos por los salvadoreños esta semana, al considerar lo que esto representaría para su economía.

Pese a que el articulo 117 de la Constitución de la República, establece que: “es deber del Estado proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente para garantizar el desarrollo sostenible”, parlamentarios de derecha aprobaron que cuatro entes privados lo integren.
De acuerdo con Mario Montes, presidente de la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales de El Salvador (Agepym), el ente rector solo debería incluir de tres a cinco miembros, entre ellos el ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ministerio de Salud, y ministerio de Agricultura y Ganadería. Señaló que la Universidad de El Salvador, también debería integrarla para encargarse de la investigación científica.

Montes, apoyó la opinión de algunos funcionarios que señalan que el ente rector también debería incluir al ministerio de Relaciones Exteriores, teniendo en cuenta que el 40 % del agua que consume el país viene de fuera.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores, también podría considerarse para efectos de mantener relaciones diplomáticas con los países que colindan con El Salvador, y puedan existir políticas centroamericanas que aporte a los recursos naturales de la región”, expuso el líder sindical.

“Se ha discutido que entre las prioridades del uso del agua están: primero, la agroindustria; segundo, la agricultura y de tercero los hogares… Ven como mercancía el agua, es lo que quieren y es lo que como trabajadores y pueblo salvadoreño no debemos permitir”, subrayó Montes, para quien la “agenda de incluir a la empresa privada e intentar privatizar el agua”, viene desde hace años.

Cabe destacar que fue la presión ejercida por la Universidad de El Salvador, sindicatos del sector público y población en general, la que permitió que los diputados que conforman la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, derogaran esta misma semana, los 14 artículos aprobados de la Ley General de Aguas, entre ellos el que establecía quienes formarían parte del ente rector.

Fueron cientos de personas las que se unieron al llamado de la Universidad de El Salvador, para exigir que no se incorpore al sector privado en la administración del agua en el país.

La marcha recorrió la Avenida Mártires Estudiantes 30 de Julio, la Alameda Juan Pablo Segundo y finalizó en la avenida Universitaria, cerca de la sede de la Corte Suprema de Justicia.

Afirmaron, que esta participación conjunta buscó garantizar el derecho humano al agua y que esta sea declarada como bien público, para que no sea la empresa privada la que tenga en sus manos la decisión de definir la política hídrica y fijar los cánones a pagar por el vital líquido.

La Corporación de Municipalidades de El Salvador (COMURES), sector productivo industrial, el sector productivo agropecuario y juntas de agua, eran cuatro de las entidades reguladoras del recurso hídrico, dejando solo tres puestos al sector público: los ministerios de Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería, y la Universidad de El Salvador.

La decisión tomada por los partidos: ARENA, PDC y PCN, generó descontento en diferentes sectores de la sociedad, los cuales aseguran que cuatro de las plazas pertenecían a sectores que mercantilizan el agua y hacen uso indiscriminado del recurso, entre ellos el sector azucarero, el cual demanda miles de metros cúbicos para el riego de los cultivos.

Incluso la ministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, afirmó que la integración de representantes del sector privado en un ente regulador del agua, es poner juez y parte lo cual es negativo para la institucionalidad.

Diputados del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, han propuesto la creación de una instancia deliberativa en el tema del agua potable, que reúna diferentes sectores de la sociedad y que de esa entidad sean elegidos a dos representantes para integrar la autoridad reguladora y no posibilitar la privatización del agua.

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