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Redacción Nacionales
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La Asamblea Legislativa aprobó una reforma constitucional para habilitar la cadena perpetua en casos de homicidios, violadores y terroristas; sobre el tema, la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, quien votó en contra, consideró que ninguna reforma aprobada de forma exprés e inconsulta “es válida”.
“Para iniciar, ninguna reforma a la Constitución que se apruebe de forma exprés e inconsulta es válida. De hecho, desde VAMOS nunca hemos votado por una reforma a la Constitución que se haya hecho de esta manera”, comentó Ortiz.
Claudia Ortiz sostuvo que los delitos que menciona la reforma, homicidios, violaciones, terrorismo, son delitos graves “que deben recibir todo el peso de la ley y estamos todos en la misma página en esto, estamos todos de acuerdo (pero) recordemos algo importante, en este país, en el contexto en el que estamos, a cualquiera se lo pueden llevar preso sin pruebas y sin un debido proceso, a cualquiera se lo pueden llevar preso siendo inocente”, tal y como ya hay casos bajo el régimen de excepción a pesar que hasta los jueces hayan ordenado su libertad.
La legisladora sostuvo que la reforma constitucional “pone un sello de cadena perpetua a tantos casos de encarcelamiento de personas inocentes que todos conocemos un caso o más, muchos de estos casos no se saben si están vivos o están muertos”.
El problema de esto, enfatizó Ortiz, no es la reforma o de cuánto es la pena, sino el que decide quién es culpable y quién es inocente. “En El Salvador, los políticos nos han hablado de aumentar penas durante décadas y eso no nos ha dado más justicia. A veces ha sido lo contrario, nos ha dado más problemas”.
A juicio de la legisladora, la reforma constitucional “es una reacción a los señalamientos internacionales que ha recibido el Estado salvadoreño”; es decir, “no son una política seria, ni de justicia, ni de seguridad. Es una reacción, una improvisación”.
Es de recordar que un grupo de expertos denunció crímenes de lesa humanidad en las cárceles salvadoreñas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mediante un informe de 300 páginas que documenta los señalamientos hechos. Este informe fue fuertemente criticado por el Gobierno y por el oficialismo.
