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Elaborado por: Sigfrido Reyes
Escribir sobre los recientes acontecimientos en Venezuela, cuando la agresión aún está en marcha, no es fácil. Se mezclan sentimientos de indignación, de repudio, ante el atropello imperial a un pueblo digno y valiente. El saldo de víctimas de la agresión militar, un acto de guerra en todo sentido, nos impulsa a movilizarnos y hacer patente nuestra solidaridad, convencidos de que la vida, la dignidad y la libertad son los valores más preciados para cualquier ser humano. En paralelo, tenemos que soportar una de las mayores operaciones de desinformación y guerra sicológica de los tiempos modernos, ejecutada por los mismos agresores, a fin de encubrir la esencia irracional e injustificable de sus actos, con una narrativa desquiciada y canalla, acompañada de truculentas historias conspirativas, repetidas a escala global y hasta el cansancio, por los comentócratas y medios de comunicación a su servicio.
La agresión militar contra Venezuela y su Presidente legítimo, ordenada por Donald Trump, ejecutada por su séquito de cómplices y facilitada por una evidente superioridad tecnológica y de medios bélicos, lanza al mundo al abismo de la inseguridad y la incertidumbre, donde ninguna regla básica de convivencia es respetada por prepotencia demencial del Nerón del siglo XXI. Asistimos en los hechos al funeral del derecho internacional y los principios que lo sustentan: la soberanía de los Estados y la igualdad jurídica entre los mismos, los derechos humanos, la primacía de la ley, la autodeterminación de los pueblos, la independencia nacional y la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones entre los países.
El reclamo de Trump y su círculo es tan aberrante como vil: lo único que vale son sus intereses y toda norma dentro de la comunidad internacional que se les oponga tiene un nulo valor. Esa pretensión irracional nos interpela a todos, incluso a aquellos que momentáneamente celebran o se arrodillan ante el rubio emperador. Por siglos la humanidad ha perseverado para encontrar normas basicas para ordenar sus relaciones y evitar los conflictos armados. La llamada “Paz de Westfalia” en el siglo XVII significó un avance importante. El Congreso de Viena, a inicios del siglo XIX, sirvió para avanzar en el mismo propósito. Pocos años antes, la Revolución Francesa aportó el concepto invaluable de la soberanía popular y los derechos humanos. Las dos guerras mundiales del pasado siglo llevaron a que se pactaran acuerdos para evitar la guerra y preservar la paz, creándose así la Organización de las Naciones Unidas. Por esos mismos años, se aprobaron los Convenios de Ginebra, que constituyen la piedra angular del derecho internacional humanitario, que regula la conducta de los Estados y sus ejércitos en escenarios bélicos. La Convención de Viena de 1961 vino a darle carácter jurídico a una serie de costumbres y principios en las relaciones internacionales, incluyendo la igualdad jurídica de los Estados y el respeto irrestricto a su soberanía, sobre su territorio y sobre sus decisiones.
Eso y mucho más es lo que la guerra de Trump contra Venezuela busca echar al cesto de la basura. La arrogancia de los agresores y su desfachatez para proclamar que los recursos de ese país le pertenecen y que tiene derecho a “gobernar a ese país”, como colonizadores de nuevo cuño, parece salidos de una repugnante distopía orwelliana. La agresión, hay que tenerlo muy claro, no es sólo contra este país hermano en Sudamérica. Es una agresión, dicho sin exagerar, contra todos los pueblos del mundo, y contra el sistema de normas que hasta la fecha han regulado la coexistencia entre las naciones, al margen de las recurrentes violaciones a ese derecho internacional que los Estados Unidos y otras potencias occidentales cometen cuando les da la gana. Se impondrá, si los pueblos del mundo lo permiten, la ley del más fuerte, la voluntad del “matón del barrio”. No pudo haber sido más patéticamente franco el anodino representante de Washington ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en la sesión de urgencia convocada para abordar los actos de guerra ordenados por Trump contra Venezuela, como cuando expresó, de manera insolente, que “…no vamos a permitir que el Hemisferio Occidental sirva como base de operaciones para los adversarios, rivales o competidores de los Estados Unidos”. La repugnante Doctrina Monroe, ahora tonificada con el amenazante “Corolario Trump”, es invocada para atropellar a seres humanos y naciones enteras, y demoler el derecho a la soberanía y autodeterminación de los pueblos de América latina y el Caribe.
En el caso del secuestro de del Presidente Nicolás Maduro y su compañera Coilia Flores, el acto criminal trasciende todos los precedentes, y demuestra que estamos ante un poder desquiciado y brutal. No vale la pena ni siquiera detenerse a desmontar las falacias que Trump y sus acólitos han inventado para justificar la persecución y secuestro de un Jefe de Estado. Ya Hugo Chávez lo había advertido en su momento, al adelantarse al futuro y advertir que los poderes imperiales iban a perseguir a sus rivales señalándolos como “narcotraficantes”. Las falacias contra Nicolás Maduro y otros dirigentes revolucionarios venezolanos son tan burdas que no resistirían el más mínimo examen en un genuino Estado de derecho. Pero todos sabemos que el imperio inventa sus propias narrativas para justrificar sus fechorías y que ha sometido en gran medida a los jueces de su país. El lawfare, diseñado doctrinariamente por estrategas militares estadounidenses para ser aplicado en distintos países de la región, terminó convirtiendose también en el instrumento predilecto del emperador para liquidar a sus adversarios políticos.
Bien lo ha expresado Nicolás Maduro, de manera digna y contundente, frente a sus verdugos en la parodia de juicio legal que ha iniciado en Nueva York: “Soy el Presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra”. Esa frase, tan corta como demoledora, pone al desnudo la naturaleza de la agresión cobarde desatada contra Venezuela y su pueblo, y ubica las cosas en su real dimensión y contexto jurídico-político, con base a los Convenios de Ginebra y otros instrumentos del derecho internacional: Venezuela como Estado-Nación es víctima de una guerra, en todo el significado del concepto, y no hay que inventar eufemismos para disimular la gravedad de los hechos.
Tomado de Agencia Hondureña de Noticias, con la autorización del autor
