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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Hay una relación de eco-dependencia de las mujeres de la zona rural hacia los bienes naturales, porque no es lo mismo aquella mujer rural e indígena, cuya subsistencia depende de lo que el manglar produzca, que dependa de la oportunidad de contar con leña para cocinar o que su subsistencia y cuidado del grupo familiar dependa de lo que tenga que caminar para proveerse de agua”, argumentó Carolina Amaya (UNES), al referirse al impacto del cambio climático en el país.
Estos factores que marcan los “niveles de afectación “de esta población en la zona rural, agregó Amaya, coloca a estas mujeres, niñas y mujeres indígenas, en una posición de mayor vulnerabilidad frente a estos eventos extremos.
“Desde la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), consideramos que el clima es la amenaza global y nacional más peligrosa y amenazante que tiene el país. Es un problema que pese a ser global se materializa en los territorios de una manera imponente que golpea de forma grave a las mujeres”, sostuvo Amaya.
La Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) presentó un estudio en cuyas valoraciones hace un llamado a los órganos del Estado a trabajar con énfasis en los impactos del Cambio Climático en el territorio nacional y como tal en la vida de sus habitantes, formulando “políticas públicas”, amplias, financiadas y con un enfoque de género.
La investigación realizada por un equipo de mujeres expertas en temas socioeconómicos, dan cuenta de la “Crisis Climática y Ambiental: Detonantes del Desplazamiento y Migración Forzada”, que reiteró Carolina Amaya, sirva para sensibilizar y descodificar de forma técnica y científica un tema vinculado a la vida cotidiana de las familias, sobre todo, las más vulnerables, y la conmoción que provoca en la vida de los ecosistemas que consideró, posibilitan el funcionamiento de ese “tejido de vida”.
“En el año 2010, hablábamos que en el país había pasado de tener un evento climático extremo por década a 8 eventos por década; el cambio desde esa fecha a la actualidad es alarmante. Los eventos solo del año 2010 a 2020 fueron 23, comenzando por (huracán) Agatha y terminando con Julia y Lisa”, afirmó.
“Y esto seguirá, es una valoración científica que irá en aumento, por esto es que reafirmamos que es la amenaza más fuerte que tendremos, y desde los escenarios de internacionales y las negociaciones multilaterales no vemos expectativa alguna para mejorar los ecosistemas para la vida de la población ni a corto ni mediano plazo y las negociaciones terminan siempre en descontento, en desesperanza”, refirió Amaya.
No obstante, la ambientalista, reiteró, que para otros grupos sociales, esta situación se convierte en una motivación para realizar un esfuerzo colectivo desde los territorios con la formulación de políticas públicas nacionales que garanticen esos derechos que se ven amenazados en la actualidad y que puede implementar -dada su responsabilidad- las diversas instancias del Estado salvadoreño.
“La UNES, en el marco de aportar a esa generación de conocimiento técnico y científico que nos permita proponer propuestas de políticas públicas que garanticen esos derechos en contexto de crisis y junto al apoyo de OXFAM, hemos dado inicio a una investigación para analizar esa simbiosis que hay entre la crisis climática, eventos extremos y como detonante del desplazamiento y migración climática”, manifestó.
Sobre el equipo de consultoras que participaron en el Estudio de Cambio Climático con Migración y énfasis en Mujeres, Helen Barrientos, explicó, que el enfoque desarrollado fue en las poblaciones más vulnerables como mujeres, niñas y mujeres indígenas.
“A nivel científico mundial -se ha reconocido- que el impacto del cambio climático impacta no solo a los países, sino a las personas, y que este impacto social y toda la crisis que lleva consigo por supuesto, toca a las mujeres en diferentes aspectos sociales, económicos y culturales”, acotó.
“Es importante recalcar que durante el estudio encontramos hallazgos relevantes, como que las mujeres son mayormente afectadas en el tema de la vivienda familiar por las tormentas e inundaciones. Ya que tienen que abandonar sus viviendas para buscar refugio”, señaló Barrientos.
Asimismo, las afectaciones que las mujeres experimentan en cuanto a las actividades o aportaciones que hacen en la agricultura familiar, la desintegración familiar y el desplazamiento forzado entre otras problemáticas.
“Las mujeres apoyan la actividad agrícola, porque son jefas de hogar, porque siembran cultivos y es parte de actividades domésticas, y si hay una afectación por sequía o inundación esto las hace desplazarse a otros sectores. Y la desintegración familiar está incluida cuando por efectos del cambio climático, toman la decisión de desplazarse dejando a sus hijos e hijas para tratar de solventar los problemas alimentarios”, señaló.
En cuanto a la “pérdida de saberes”, Barrientos, indicó que era un componente implícito que señala la investigación, ya que las mujeres indígenas, al realizar estos procesos de movilización interna o emigración, experimentan una pérdida cultural y tradicional dentro de la población indígena como su arraigo, conocimiento y saberes heredados.
“La mayoría de mujeres son aún más vulnerables y se percibe cuando son desplazadas a los albergues y como en los albergues se presenta la violencia de género. Es importante indicar que dentro de los instrumentos internacionales ratificados por el Estado se reconoce las consecuencias del el cambio climático en la migración y que demanda un enfoque de género, para abordar la problemática”, acotó.
“Las políticas públicas deben tener un enfoque centrando el enfoque de género y relacionando el cambio climático, la movilidad humana, el desplazamiento forzado interno y la migración a otros países por falta de oportunidades”, reafirmó Barrientos.
El Estudio, además, aporta análisis para que las instituciones públicas, actúen desde los Convenios ratificados de las organizaciones internacionales de derechos humanos en cuanto a la normativa tanto ambiental como de migración y movilidad humana para abordar la temática.
“Tenemos una grave crisis climática que impacta la vida de la mujer salvadoreña pero especialmente mujeres, niñas y mujeres indígenas”, reiteró Luis González, del Equipo coordinador de la UNES, al señalar que estos desplazamientos y migraciones forzados por el impacto del cambio climático, no están siendo abordada por falta de políticas públicas para atender la magnitud de esta crisis, como han venido denunciando las organizaciones ambientalistas y sociales.
“En el tema de los impactos climáticos -en general- la seguridad y soberanía alimentaria son gravemente afectadas, el tema hídrico y la pérdida de biodiversidad son evidentes y no hay políticas públicas adecuadas o las que existen no se implementan”, afirmó.
“En este momento en específico el cambio climático y la vinculación a la migración, el país aún no cuentan con políticas públicas, pero este estudio realiza un importante aporte técnico y científico para que se puedan generar acciones y políticas integrales y atender esta situación”, acotó.
La meta del estudio afirmó, González, es que en las medidas de prevención el gobierno pueda realizar acciones inmediatas relacionadas a la soberanía y seguridad alimentaria de las comunidades junto al resguardo de la vida de mujeres, niñas y mujeres indígenas.
“Se pueden comenzar utilizando y fortaleciendo lo que ya tenemos (cuerpos jurídicos) para atender la crisis climática y algunos de los impactos que causan en las comunidades. Recordar que la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, no es la reacción frente a un desastre.
A veces, se deja olvidado los otros dos elementos de la ley que es la prevención y mitigación de desastres, entonces se puede trabajar desde este marco de salida”, puntualizó González.
