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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Las mujeres tienen menos participación en los sistema de seguridad social, porque tienen menos participación del mercado laboral, hay un mayor número de mujeres trabajando en actividades que consideran -no productivas-, como cuido de la familia y el hogar, y eso afecta”, dijo Carmen Urquilla, coordinadora del Programa Justicia Económica y Laboral de ORMUSA.
ORMUSA presentó el Informe Mujer y Mercado Laboral 2021 “Acceso de las Mujeres a la Seguridad Social en El Salvador”. ORMUSA toma el pulso del desarrollo de las mujeres y documentan anualmente avances o retrocesos en materia de derechos humanos, y este año recayó en el tema de la “seguridad social” para las mujeres salvadoreñas.
“El tema del estudio lo consideramos pertinente porque desde hace dos años se viene hablando del Sistema de Pensiones, pero también el gobierno ha ratificado algunos convenios de la OIT y entre ellos el 102, que es la norma mínima para la seguridad social, entonces, el estudio investiga las deficiencias del sistema y la situación de las mujeres”, explicó Urquilla.
Cifras en frío del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), señaló Urquilla, visibilizan claramente la participación desigual entre hombres y mujeres a diciembre de 2021. Las mujeres tiene una representación de un total de 345 mil 720 (43.23%) mientras los hombres un total de 453 mil 951 (56.77%), según los reportes de la SAP.
“Estos sistemas son contributivos, aporta la persona trabajadora, aporta el empleador (ISSS/AFP) y cuando vemos hablamos de las brechas como la cobertura del ISSS, vemos que mujeres cotizantes era de un 40%, que es menos cobertura”, afirmó.
Y en cuanto a la brecha salarial, “el promedio del salario para los hombres es de 555. 50 dólares y para las mujeres la media es 525.05 dólares , aquí solo estamos hablando del promedio salarial de los cotizantes al ISSS, sabemos que hay otro gran número de personas excluidas de este sistema”, acotó.
La investigación de ORMUSA, que analizó la situación de las mujeres en los sistemas de seguridad social, identificó la legislación, estrategias, visiones y políticas que regulan estos sistemas de seguridad social y su repercusión en los niveles de acceso a las mujeres. El empleo continúa con “grandes insuficiencias” que se relacionan a la estabilidad económica y protección social.
“El Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) público que administra ISSS e INPEP es bajo y en el caso las mujeres solo el 17.25%. Mientras los hombres era de un 20%, todos esos datos que hemos recogido muestran brechas de desigualdad”, manifestó.
Mientras, Vilma Vaquerano, coordinadora del Área de Observatorios e Investigación de ORMUSA, indicó que uno de los objetivos del estudio era “condensar los principales indicadores de empleo de las mujeres”, que tiene el propósito de situar y brindar información a investigadores sociales que realizan diversos análisis sobre la situación socio económica nacional y en especial las mujeres.
“Esas brechas de género que se derivan también del sistema económico, y aún los sesgos que existen en las políticas públicas cuando tratan de fomentar la igualdad de derechos, y en este sentido el trabajo reproductivo de las mujeres que trabajamos para que se reconociera este trabajo reproductivo y no remunerado de las mujeres, y que tiene un peso enorme en la economía familiar y de país, aunque no figure en las cuentas nacionales”, sostuvo.
De acuerdo con la OIT, la seguridad social es concebida como un derecho fundamental y un instrumento esencial para la creación de la cohesión social, y garantizar bienestar que provee de desarrollo a la ciudadanía y especialmente a las mujeres con alta responsabilidad también en este rol de cuidados. Y como estos instrumentos que llevan a las políticas públicas a tener una mirada amplia sobre seguridad social e implemenatar acciones sobre todo identificando las carencias económicas y sociales”, agregó Vaquerano.
Del informe, la economista e investigadora del estudio, Tatiana Marroquín, consideró que el acceso de las mujeres a la seguridad social puede contribuir para que los “tomadores de decisión“ se basen en evidencias claras de estas brechas de desigualdad, que armonicen normas para superar vacíos, contradicciones o insuficiencias prácticas en esta materia.
“Necesitamos estar informados e informadas sobre la situación específica del sistema de protección social y pensiones, y cuáles son los problemas, ¿Por qué?, porque nos pueden vender cualquier solución que no es la mejor, entonces, esta información es fundamental”, señaló.
“Se necesita el fortalecimiento de la institucionalidad relativa al diagnóstico y diseño de políticas sociales, y cualquier intento de fortalecer e impulsar la seguridad social debe ser de un enfoque universalista y de derechos, pasa por fortalecer la institucionalidad en la creación de políticas públicas”, afirmó.
Y en cuanto al cumplimiento y fortalecimiento de la Ley de Desarrollo y Protección Social, expresó Marroquín que el instrumento de la “política social” es crucial la exigencia del cumplimiento para cesar mayores retrocesos en protección y seguridad social de la población.
“Sobre la reforma al Sistema de Pensiones, consideramos que todas estas reformas han carecido de un abordaje integral de la superación de desigualdades y exclusiones de género dentro del sistema de pensiones. Cualquier intento de mejora a la cobertura o suficiencia de los beneficios de personas pensionadas pasa por asegurar una visión transversal de género en su diseño”, argumentó Marroquín.
