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La MPGR recomendó al Ejecutivo, retomar y aplicar la Política Nacional de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Mitigación de Desastres, desde un enfoque interinstitucional, en el marco del vigésimo aniversario de los terremotos de 2001. Foto Diario Co Latino/Archivo

MPGR: Reducción de vulnerabilidad y riesgo de la población es prioritario

Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino

La Mesa Permanente para la Gestión de Riesgo (MPGR) se pronunció en el marco de los veinte años de los terremotos de enero y febrero de 2001, en territorio salvadoreño, que consideraron de los más “devastadores”, en la historia sismológica del país.

“En esta fecha recordamos a las 944 víctimas que perecieron luego del fuerte sismo de magnitud 7.6 en la escala de Richter, en donde más de la mitad de las muertes se registraron en la colonia Las Colinas, del municipio de Santa Tecla. En este aniversario la Mesa Permanente para la Gestión del Riesgo se solidariza con las familias que perdieron seres queridos en esta tragedia y les reafirmamos nuestro compromiso de lucha porque en el país se trabaje con el enfoque de una Gestión Integral de Riesgos, con énfasis en el tema de la prevención, a fin e contribuir a disminuir los impactos de los desastres”, cita el texto.

En cuanto a la naturaleza del “desastre”, de ese 13 de enero, la MPGR señaló como aspecto importante, el nivel de vulnerabilidad y riesgos, que presenta el territorio nacional, luego que el 88.7 % del país considera en “zona de riesgo” y sobre esa superficie, se asienta un 95.4 % de la población, retomando datos oficiales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Y que al sumar el alto nivel de “sismicidad” en el país, eleva el riesgo de la población, al señalar los registros de la Red Sísmica Nacional de El Salvador, que reportó un total de 73 sismos entre la ciudad de San Miguel y Chirilagua, del 23 al 31 de diciembre de 2020, fenómeno catalogado como “Enjambre Sísmico”, que suceden en varias zonas del país. Y solo en los primeros días del presente año, se han contabilizado ocho sismos, con magnitudes de 2.9 a 4.8 grados, lo que debe tomarse en cuenta en la gestión de riesgo.

“Debemos tomar en cuenta también que el país es multiamenzas, el año pasado las y los salvadoreños sufrieron los fuertes impactos de las tormentas tropicales Amanda, Cristóbal, y el aumento de lluvias por los huracanes ETA e IOTA. Además, El Salvador ha sido fuertemente afectado por la pandemia del COVID-19, una emergencia aún vigente. Y pese a los avances en la preparación para desastres, como la organización comunitaria y el Sistema de Alerta Temprana, se ha evidenciado retrocesos que hemos denunciado, como el desmantelamiento del Sistema de Protección Civil”, argumentaron.

Ante esta situación la MPGR, recomendó al Ejecutivo, retomar y aplicar la Política Nacional de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Mitigación de Desastres, desde un enfoque interinstitucional para su efectividad y transparencia.

“En caso de ser necesaria una actualización, expresamos como sociedad civil nuestra disposición a trabajar en la misma, respetando el funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Civil, en situaciones de emergencias, como las ocurridas durante la época lluviosa. Y es urgente que el Gobierno salvadoreño elabore y ejecute un plan sistemático de obras de mitigación en las zonas de mayor riesgo y vulnerabilidad en el país. Con la participación de los diferentes actores de este sistema”, señala.

Además, la MPGR demandó del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), que exija las empresas constructoras a realizar estudios de impacto ambiental, para otorgarle el permiso de la obra. Del cual, sino cumple puede elevar la vulnerabilidad de la población.

“En este contexto electoral, como sociedad civil, hacemos el llamado a las candidaturas municipales y de diputaciones de los distintos partidos político, convocados a las elecciones el próximo 28 de febrero, asuman un compromiso en el tema de la Gestión Integral de Riesgo, con el fin de construir en nuestro país una cultura enfocada en la reducción de riesgo de desastres, con enfoque inclusivo. Y la nueva legislatura tendrá en sus manos el compromiso de reformar la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, la cual data de 2005. Como sociedad civil, exigimos el cambio del enfoque reactivo por uno preventivo, prospectivo y gestión local de los riesgos”, reafirmaron.

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