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Saúl Méndez
Colaborador
El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) se manifestó contra la implementación de juicios masivos aplicados a más de 80,000 personas detenidas desde la instauración del Régimen de Excepción. Según datos del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), esta medida también ha derivado en la captura de 26,250 personas inocentes y en 482 muertes en centros penitenciarios, entre ellas las de dos menores de edad y 14 mujeres.
El movimiento se congregó este domingo en el redondel José Martí, desde donde marchó hacia el centro de la capital para denunciar los juicios masivos que, según Samuel Ramírez, representante de MOVIR, vulneran derechos humanos e impiden el ejercicio pleno del derecho a la defensa de personas inocentes. La movilización concluyó frente a la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES).
“Marchamos para pronunciarnos contra los juicios masivos y contra la agrupación de personas inocentes con pandilleros. La Fiscalía, después de tres años, no pudo comprobar los delitos de forma individual y ahora busca condenarlos colectivamente por delitos cometidos por una pandilla. Lo que denunciamos es que el gobierno no quiere liberar a nadie ni reconocer que hay inocentes en prisión”, denunció.
Ramírez agregó que el margen de error que el propio presidente reconoció al inicio del régimen “ha sido olvidado” y advirtió que se estaría condenando a personas por delitos no cometidos. También denunció presuntas irregularidades en los procesos judiciales.
“A los abogados privados les notifican a última hora sobre los juicios. Las familias no son informadas. Solo se toman en cuenta las pruebas de la Fiscalía, sin considerar descargos, arraigos ni testigos que acrediten la inocencia”, sostuvo.
Alfredo Mejía, también vocero de MOVIR, cuestionó la práctica del Ministerio Público de otorgar beneficios a delincuentes para que acusen a otras personas, lo que, según dijo, podría derivar en condenas colectivas contra personas inocentes.
“Exigimos debido proceso, no juicios masivos. La Fiscalía utiliza delincuentes para señalar a inocentes. Estos juicios son ilegales. Además, vemos a privados de libertad inocentes trabajando en escuelas, lo que consideramos una forma de esclavitud”, afirmó.
Diversos organismos nacionales e internacionales han cuestionado la implementación del régimen de excepción en El Salavador.
La directora del SJH, Ingrid Escobar, criticó la “improvisación” del Régimen de Excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022, tras la solicitud del presidente Nayib Bukele luego del asesinato de 87 personas en tres días.
Escobar lamentó que la medida, que suspende garantías constitucionales como el derecho a la defensa, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y que permite ampliar la detención provisional hasta por 15 días, no solo ha servido para capturar delincuentes, sino también a personas inocentes que incluso han fallecido en prisión.
Asimismo, cuestionó que, hasta la fecha, no se han identificado públicamente a los líderes de pandillas responsables de ordenar los asesinatos ocurridos durante el fin de semana más violento de la posguerra salvadoreña.
También Human Rights Watch documentó, mediante entrevistas a agentes de la Policía Nacional Civil, que numerosas detenciones en el marco de la “guerra contra las pandillas” fueron resultado de presiones para cumplir cuotas diarias de arrestos y se basaron en pruebas no corroboradas o presuntamente fabricadas. Según el informe, hubo capturas por portar tatuajes, por información falsa en registros policiales y por denuncias anónimas no verificadas. También se reportó un clima de impunidad que habría facilitado sobornos y, en algunos casos, exigencias de favores sexuales a cambio de no detener a familiares.
MOVIR informó que presentará un cuarto recurso de inconstitucionalidad contra el Régimen de Excepción. Según el movimiento, la medida ya no tiene justificación, debido a que el propio mandatario ha señalado que El Salvador es actualmente un país seguro.
“Presentaremos un cuarto recurso porque el régimen ya no tiene sentido y es ilegal. Las causas que lo originaron desaparecieron. Ahora se utiliza como excusa para mantener a la población bajo miedo, facilitar la corrupción, evitar la rendición de cuentas y realizar compras rápidas sin transparencia”, señaló el dirigente.
Las familias agrupadas en MOVIR han solicitado en tres ocasiones que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declare inconstitucional el régimen, argumentando que ya no existen las condiciones que justificaron su implementación. Hasta el momento, aseguran, no han recibido respuesta.
