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Samuel Amaya
@SamueAmaya98
El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) y la Asociación de Derechos Humanos “Dra. María Julia Hernández” exigieron este viernes a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que resuelva las solicitudes de Habeas Corpus de personas inocentes detenidas en el contexto del régimen de excepción.
Samuel Ramírez, coordinador de MOVIR, pidió a los magistrados impuestos por Nuevas Ideas el primero de mayo de 2021, que se pronuncien sobre los más de 600 hábeas corpus presentados. Un Habeas Corpus es un recurso legal que pide que toda persona detenida sea presentada a la brevedad posible ante un juez. Esto, para que el juez, verifique si el detenido está con vida, con buena salud o su estado en general para posteriormente, informar a la familia.
Con el régimen de excepción, muchas víctimas que nada tienen que ver con pandillas han sido detenidas y muchas han sido protagonistas de abusos de poder, negligencia estatal, golpizas que incluso han llevado a su muerte; esto ante un Gobierno que ha actuado con hermetismo sobre el tema.
“Vamos ahora a exigir, la Sala tiene que resolver, pero con base a un estudio y una investigación a los documentos; no con base a lo que le ordenan desde Casa Presidencial; eso es lo pedimos”, comentó Ramírez.
El coordinador del movimiento aclaró que en ningún momento piden la liberación de pandilleros, tal y como el aparato estatal y sus troles quieren hacerlo ver, sino a los inocentes que nada tiene que ver con pandillas; también, pidió que se respete el debido proceso sobre los 600 habeas corpus que se han presentado y que no se les ha dado respuesta.
“MOVIR no pide que se libere a la gente arbitrariamente, lo que se pide es que se aplique el debido proceso, si eso funcionara en el país ya casi la mitad estuviera libre, no han sido condenados porque no encuentran delitos, la mayoría de esta gente sigue presa”, agregó Ramírez.
El régimen de excepción lleva 23 meses de haberse implementado, luego de un repunte en los números de homicidios; desde entonces se han capturado a más de 75 mil personas, pero entre ellas miles de personas inocentes que nada tienen que ver con pandillas.
Organizaciones de derechos humanos han presentado, en reiteradas ocasiones, informes donde señalan que muchas capturas no cuentan con pruebas suficientes que demuestren la culpabilidad de los procesados; además, han presentado informes de abusos y torturas dentro de los centros penales.
En la marcha de este viernes participaron madres, esposas, hermanas de aquellos que fueron detenidos de manera injustificada por la autoridad policial. Entre los participantes de la marcha estuvo una madre quien denunció la captura arbitraria de su hijo en Metapán cuando trabajaba en Uber.
“Un año tuvo ayer (el jueves 8 de febrero), y ninguna respuesta de nada, el abogado lo que me dice es que hay que tener un poquito de paciencia porque la Fiscalía no está dando resolución de nada, es bastante duro porque él (el procesado) era el sustento de mi casa.
Sin saber absolutamente nada de él, solamente dicen (las autoridades) que allí están y ahí estuvo todo, nos tenemos que conformar con eso, no sabemos si ellos están vivos”, dijo la madre.
Fue el 27 de marzo de 2022 que la Asamblea Legislativa aprobó un régimen de excepción a petición del Ejecutivo para “combatir frontalmente a las pandillas”. Desde entonces se ha mantenido vigente suspendiendo derechos constitucionales como la defensa técnica, inviolabilidad de las telecomunicaciones, libertad de asociación y la ampliación de la detención provisional.
Este viernes, en la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa se aprobó una nueva prórroga al régimen de excepción.
