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Saúl Méndez
Colaborador
Samuel Ramírez, dirigente del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), advirtió que el régimen de excepción ha sido utilizado para facilitar negocios entre el Estado y empresas vinculadas a funcionarios, sin transparentar los procesos de contratación y utilizando a personas privadas de libertad como mano de obra para abaratar costos en proyectos estatales que, según denunció, carecen de fiscalización pública.
«El régimen de excepción es un negocio porque están capturando personas a cada rato y haciendo compras con carácter de urgencia, porque eso es el régimen de excepción. Un régimen de excepción le da toda la libertad al Estado para tomar las decisiones que considere necesarias, siempre con la justificación de que existe un problema de seguridad», alertó Ramírez.
El dirigente del MOVIR afirmó que «aquí hay contrataciones de empresas que brindan alimentación y que no pasan por los filtros, no pasan por la LACAP ni por los procesos necesarios para comprobar la transparencia».
Ramírez también denunció la falta de garantías del debido proceso y sostuvo que el régimen ha permitido prácticas que vulneran los derechos de las personas detenidas.
«También están utilizando a las personas privadas de libertad para hacer trabajo gratis para el Gobierno. Ese es otro negocio», agregó.
Además, aseguró que existen visitas a los centros penales, pero que estas implican pagos elevados cuya legalidad cuestionó.
«Están cobrando por las visitas familiares a las cárceles. Porque visitas sí hay, pero son pagadas. No sabemos si son visitas oficiales permitidas por el sistema penitenciario o si son los custodios, junto con el director del penal, quienes las autorizan», reveló.
«Ese es otro problema, que lo digan, pues. Porque hablan de que no hay visitas, de que hay incomunicación. Los pobres son los que no pueden ver a sus familiares porque no pueden pagar mil dólares», añadió.
Ramírez se refirió al caso del empresario del transporte Catalino Miranda, capturado en marzo de 2022 y fallecido en septiembre de 2025. Recordó que, según una publicación de El Faro, Miranda pagó 35 mil dólares para ser trasladado desde el penal de Mariona a un hospital privado, ya que, según sus declaraciones, en el hospital penitenciario «iba a morir antes».
«Entonces, eso significa que es un negocio. ¿Quién está haciendo negocio? ¿A cuántas personas no les han cobrado 35 mil dólares, 10 mil o 15 mil por una visita? Yo creo que ese es un negocio redondo», denunció.
«El CECOT, por ejemplo. ¿Quién lo construyó? ¿Qué empresa fue? ¿Cuál fue el costo real? ¿Cuál fue el sobrecosto, si lo hubo? Esas son las cosas sobre las que no hay transparencia», agregó.
Ramírez también sostuvo que el régimen de excepción ha sido utilizado como un mecanismo para infundir temor en la población y desalentar las manifestaciones ciudadanas.
«Ahora el régimen es la sombra de la gobernabilidad de este gobierno. Bukele ya aprendió que sin régimen no puede gobernar», sostuvo y agregó que “un gobierno que no puede gobernar sin fomentar el miedo es una dictadura; es un mal gobierno. Un gobierno que permite al pueblo manifestarse, expresarse, que lo escucha y cuyas instituciones están abiertas a la población, no tendría ningún problema».
«Pero aquí nos han cerrado todas las puertas. Si queremos ir a la Corte Suprema de Justicia, nos cierran los portones; si queremos ir a la Asamblea Legislativa, igual. A ningún lado nos dan apertura. Y eso es para todo el mundo», expresó.
«Esas son las cosas que nosotros denunciamos. Y vamos a continuar en esta lucha hasta donde nos dejen hacerla y hasta donde las víctimas estén dispuestas a continuar», afirmó.
«Porque MOVIR es eso. La fuerza de MOVIR es la violación de los derechos humanos. No es otra cosa», concluyó.
Preocupación por falta al debido proceso
Ramírez aseguró que abogados particulares que representan a personas procesadas bajo el régimen de excepción han manifestado preocupación por las condenas de 20, 40 y hasta 60 años de prisión que están recibiendo sus defendidos.
«Eso da la impresión de que aquí no funciona el debido proceso. Los abogados no tienen realmente el derecho ni el espacio para defender a esas personas», denunció.
Asimismo, cuestionó que las condenas se sustenten en declaraciones de testigos criteriados presentados por la Fiscalía General de la República. Según Ramírez, esta práctica permite que personas inocentes sean señaladas y condenadas sin pruebas técnicas que acrediten vínculos con estructuras criminales.
«Aquí la gente solo está esperando lo que diga un testigo criteriado, que probablemente puede ser un pandillero o un policía, porque nadie sabe quién es. Basta con que un testigo diga: ‘Sí, lo conozco’, para que eso se convierta en una condena para una persona», advirtió.
Afirmó que “aquí no hay una investigación científica ni técnica para deducir responsabilidades. Todo se basa en la palabra de esa persona y eso también es lo que queremos desmontar».
Por otra parte, Ramírez planteó la necesidad de que la comunidad internacional y los mecanismos de justicia internacional ejerzan mayor presión sobre el Estado salvadoreño.
«Nosotros ya no hallamos qué hacer en este país. Por eso pedimos a la comunidad internacional que tome cartas en el asunto. La Corte Penal debe asumir un papel más protagónico y más beligerante frente a estas situaciones», aseveró.
«Hablan de que aquí hay crímenes de lesa humanidad, pero no pasan de decirlo. Yo creo que eso tampoco sirve de nada. Tiene que haber una acción más vinculante», pidió.
Asimismo, señaló que el informe presentado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos bajo el Estado de Excepción (GIPES) solicita al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos poner especial atención a El Salvador y enviar especialistas para verificar el desarrollo de los procesos judiciales.
«Eso es lo que estamos pidiendo: que vengan expertos y que, de alguna manera, ejerzan presión. Porque al Gobierno parece resbalarle cualquier opinión internacional, pero yo creo que deben existir métodos y mecanismos para comprometerlo», sostuvo.
Detalló que, debido a que El Salvador es signatario de numerosos convenios y tratados internacionales, mediante los cuales recibe cooperación y asistencia, los mecanismos internacionales cuentan con herramientas para exigir el cumplimiento de sus compromisos en materia de derechos humanos.
«¿Qué pasa ahora con el ministro de Trabajo, que ha ido a la OIT a pedir que El Salvador salga de la lista corta? Existe una lista larga y una lista corta donde se ubican los gobiernos señalados por violar los derechos laborales», cuestionó.
«Han hecho lobby para convencer a la OIT de que en El Salvador ya no ocurren esas violaciones, cuando en realidad la situación es terrible. Aquí no se respetan los derechos laborales; aquí no se respeta nada», señaló.
«Por eso creo que también necesitamos una presión más fuerte a nivel internacional para que se detengan los juicios masivos y las condenas colectivas», concluyó.
