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Redacción Nacionales
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Las organizaciones, colectivos, foros, mesas, redes y demás espacios del movimiento popular salvadoreño señalaron que la persecución política, la militarización, el régimen de excepción, la dictadura y el encarcelamiento no son accidentes, sino acciones con motivos políticos.
El Estado salvadoreño mantiene detenidos de manera injusta e ilegal a más de 40 personas defensoras de derechos humanos, líderes comunitarios y religiosos, sindicalistas, ambientalistas, activistas sociales y analistas críticos del actual gobierno de Nayib Bukele.
Rafael Paz Narváez, del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico, denunció que las acusaciones por las cuales han sido capturados los defensores de derechos son variadas, lavado de dinero, estafa, desórdenes públicos hasta planificación de actos terroristas, pero la motivación real en todos los casos es siempre la misma, la criminalización y persecución en represalia por incomodar al gobierno en denunciar las injusticias y abusos de poder.
Destacó que la vigencia del régimen de excepción prolongado de manera inconstitucional, se utiliza para perseguir a disidentes y defensores de derechos humanos y mantener a la población atemorizada e inmovilizada, ante el agravamiento de los problemas económicos, profundizando la militarización y consolidando el autoritarismo.
El régimen de excepción ya no es una política de seguridad pública y debe terminar inmediatamente, tal como lo han solicitado MOVIR, el Socorro Jurídico Humanitario y otras organizaciones.
Narváez expresó que en el caso de los abogados Ruth López y Enrique Anaya, el Estado no ha cumplido las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordenó acceso a sus abogados, visitas familiares y la consideración de medidas sustitutivas a la prisión.
Asimismo, en el caso de Alejandro Henríquez y Ángel Pérez fue rechazada la petición de medidas sustitutivas y se mantiene de manera injustificada el encarcelamiento, esta falta de garantías hace que los procesados recurran a opciones como solicitar procesos abreviados, que llevan implícita una admisión de los delitos falsos imputados.
“Denunciamos que el proceso penal por actos terroristas contra Atilio Montalvo, Pepe Melara y demás presos políticos de la Alianza Nacional El Salvador en Paz se mantenga, a pesar de que investigaciones periodísticas han demostrado que la acusación fue un invento de la policía, con la excepción de Montalvo, a todos se les han negado medidas sustitutivas sin importar su grave estado de salud debido al padecimiento de diabetes, insuficiencia renal y otras enfermedades crónicas”, aseguró.
Además, la detención arbitraria del comunicador comunitario Luis Alberto Menjívar, capturado por el simple hecho de manejar las redes sociales de la Alianza, su encarcelamiento representa una grave violación a los derechos de expresión e información establecidos en la Constitución y en varios tratados internacionales.
Consideró preocupante la condición de preso desaparecido del sindicalista Geovanni Aguirre, el grave peligro que corre Fidel Zavala por haber denunciado torturas y asesinatos en las cárceles y la detención de Eugenio Chicas, luego de participar como testigo clave en el juicio contra los ambientalistas de Santa Marta.
El representante del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico dijo que el ambiente de intolerancia y persecución gubernamental obliga al exilio forzado de decenas de periodistas y activistas; y el hostigamiento contra abogados quienes defienden a presos políticos y prácticas de vigilancia, acoso y amenazas de detención contra quienes se niegan a callar.
“Rechazamos la militarización del país, el reciente asesinato supuestamente accidental de Jessica Solís por un elemento de la Fuerza Armada, en el Centro Histórico de San Salvador, es el resultado de la militarización de los espacios públicos y del desplazamiento de la PNC de su función de seguridad pública”, dijo.
“Exigimos que los militares vuelvan a los cuarteles y se fortalezca a la institución policial que ha sido desnaturalizada, disminuida e instrumentalizada”, reiteró.
En relación al asesinato de la joven Solís las organizaciones demandaron una investigación exhaustiva, transparente y pública de lo que realmente sucedió y se deduzcan responsabilidades en todos los niveles, esto incluye que el presidente de la República, como comandante general de la Fuerza Armada, pida disculpas a la familia doliente y dé las explicaciones correspondientes al país, en vez de guardar silencio o intentar desviar la atención con anuncios sobre temas que no se refieren a problemáticas centrales de la población.
El movimiento popular exigió libertad inmediata para las personas presas políticas, terminar el régimen de excepción, liberar a los detenidos inocentes, desmontar el militarismo y revertir la instalación de una nueva dictadura.
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