Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Saúl Méndez
Colaborador
El Movimiento por la Defensa de la Tierra y los Recursos Naturales de Tecoluca acudió al Centro Judicial Integrado de Santa Tecla para entregar la información requerida por la Cámara Ambiental de Segunda Instancia, en el marco de la demanda por graves daños ambientales atribuidos al proyecto del Relleno Sanitario Los Nonualcos, previsto en la comunidad San Francisco Angulo, distrito de Tecoluca, San Vicente.
El movimiento presentó un documento que respalda y amplía las observaciones realizadas por la Cámara Ambiental al primer escrito presentado, el cual fue producto de una demanda interpuesta en diciembre de 2025 por los impactos ambientales que generaría el proyecto del relleno sanitario que se pretende construir en dicha comunidad.
César Cañas, coordinador del movimiento, aseguró que se ha dado cumplimiento a todos los requerimientos de información solicitados por la instancia judicial.
“La Cámara nos previno sobre ciertos aspectos que debían subsanarse. Uno de ellos era identificar de manera precisa al titular del proyecto, que ya lo tenemos identificado y que, en este caso, es la Asociación de Municipios de Los Nonualcos”, explicó.
“También nos previno de que era necesario definir con claridad cuáles son las medidas cautelares que estamos solicitando”, agregó.
Entre las medidas cautelares solicitadas por el movimiento se encuentra la detención definitiva del proyecto del relleno sanitario en San Francisco Angulo, así como el retiro inmediato de la maquinaria instalada en el lugar.
“Nosotros planteamos que este tipo de proyectos deben ubicarse en zonas que reúnan condiciones adecuadas: que no generen contaminación, que no estén cerca de poblaciones humanas y que no se trate de tierras con alto valor ambiental e histórico”, expresó Cañas.
Otra de las medidas cautelares solicitadas es el cumplimiento de las resoluciones emitidas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en 2018, cuando recomendó a la Asociación de Municipios de Los Nonualcos abstenerse de realizar cualquier tipo de obra física, ya fuera con maquinaria pesada o de forma manual en la zona destinada a la construcción del relleno sanitario.
En ese mismo año, la PDDH también recomendó a la Fiscalía General de la República (FGR) destinar los recursos y el personal necesarios, así como contar con el acompañamiento de un equipo forense argentino que se encontraba en el país, para investigar la presencia de osamentas humanas en la zona.
“San Francisco Angulo es una comunidad que sufrió al menos dos masacres durante el conflicto armado, en 1981, por lo que existen osamentas en terrenos aledaños. La PDDH recomendó a la Fiscalía realizar las investigaciones correspondientes para las exhumaciones”, explicó el coordinador del movimiento.
“Además, recomendó al Ministerio de Medio Ambiente priorizar el derecho a la salud y el derecho a la vida de la comunidad de San Francisco Angulo y de las comunidades aledañas del municipio de Tecoluca, así como de parte del territorio de La Paz, que también resultaría afectado”, añadió.
Cañas afirmó que al menos cinco comunidades se verían afectadas por el proyecto, lo que representa un aproximado de 400 familias.
“La empresa CYEEMSAL, dedicada al manejo de desechos, está desarrollando obras pese a que existe una resolución de la PDDH y a que ya se detuvo en una ocasión la construcción de este basurero en San Francisco Angulo. La Asociación de Municipios de Los Nonualcos insiste en su intención de convertir al distrito de Tecoluca en un depósito de basura”, denunció.
“Hemos señalado que el proyecto no es viable porque se ubica en una zona de alto valor ambiental, es un área de recarga hídrica y forma parte del Sitio Ramsar Estero de Jaltepeque”, sostuvo.
“Esperamos que la Cámara Ambiental de Segunda Instancia actúe y emita las resoluciones necesarias para impedir la construcción del relleno sanitario”, expresó el movimiento.
“Queremos que los juzgados actúen apegados a derecho y que se tome en cuenta la resolución emitida por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en 2018”, concluyó la vocería del Movimiento por la Defensa de la Tierra y los Recursos Naturales de Tecoluca.
