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Representantes de MOVIAC denuncian las acciones ejecutadas por el presidente Nayib Bukele, ante el uso de la Fuerza Armada que irrumpió el órgano Legislativo. Foto Diario Co Latino/Ludwin Vanegas.

Movimiento advierte que se busca establecer régimen dictatorial

Yaneth Estrada
@caricheop

Para el Movimiento de Victimas, Afectados y Afectadas del Cambio Climático y Corporaciones (MOVIAC), el uso excesivo de la fuerza demostrado el pasado fin semana por el presidente de la República, Nayib Bukele, “está encaminado a establecer un régimen de carácter dictatorial que irrespeta el orden Constitucional del Estado de El Salvador”.

Para el movimiento, la acción represiva del mandatario bajo el argumento de la “supuesta” negativa de la Asamblea Legislativa para aprobar un préstamo de $109 millones es totalmente injustificada, ya que no se tiene claro el uso de los fondos. Y más tomando en cuenta lo asignado en el presupuesto 2020, el impuesto a la telefonía, un préstamo de $30 millones y otro de $95 millones para la primera y segunda fase del Plan Control Territorial.

“El Ejército actuó de forma ilegal amparándose en el artículo 167 de la Constitución de la República, lo cual fue una acción inconstitucional, pues este se aplica en caso de excepción, situaciones de emergencia o catástrofes naturales”, aseguró José Santos Guevara de MOVIAC.

Asimismo, consideran extremadamente peligroso, ilegal y prepotente la actitud del presidente al llamar a la población a la insurrección, amparándose en el artículo 87 de la Constitución, puesto que solo aplica cuando los gobiernos violentan el orden constitucional.

Militares y oración

Por estas razones, rechazan enfáticamente “el uso de la violencia de la Fuerza Armada y del simbolismo religioso para hacer un manejo mediático y de manipulación de la conciencia colectiva para fines electorales, situación que se asemeja a la forma en que se ha dado el golpe de estado en países como Bolivia o Venezuela, promovidos por Estados Unidos”.

MOVIAC pide urgentemente poner un alto de las acciones del presidente de la República, pues consideran que pone en riesgo el Estado de Derecho, la paz social y la tranquilidad de la población.

Además, instan a poner en marcha una investigación exhaustiva para deducir responsabilidades por lo ocurrido el 9 de febrero, donde se hizo uso de la Fuerza Armada con el supuesto propósito de presionar a la Asamblea Legislativa violando la Constitución y rompiendo la independencia de los poderes del Estado.

Con este panorama, también llamaron a los pueblos, comunidades y territorio de El Salvador, y a la comunidad internacional, a promover de forma unánime a la búsqueda de soluciones de los problemas sociales, económicos, políticos y culturales de forma dialogada para prevenir mayor escalada de violencia.

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