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Mirna Jiménez
@Diario Co Latino
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) afirma que las reformas al reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), hechas por el gobierno, son un retroceso a la transparencia en las cuentas públicas.
La reforma establece que habrá ciertas compras hechas de forma directa o por libre gestión, que no serán registradas por Comprasal, el portal electrónico de libre acceso a traves del cual, según la ley, deben publicarse todas las adquisiciones del Estado. Marjorie Trigueros, investigadora de FUSADES, manifestó que se está autorizando que algunas compras sean presentadas por medio de un correo electrónico, el cual no tiene el mismo grado de publicidad que en el portal de Comprasal.
“Preocupa que cualquier reforma que se haga a la LACAP sea un paso para atrás en lo que ya hemos ganado en materia de transparencia y de rendición de cuentas, publicidad, para que todos los ciudadanos, autoridades de control, puedan estar atentos a lo que se está comprando, cómo y cuánto se está comprando” y “esa reforma que se hace, es un retroceso a todo lo que se había avanzado en materia de transparencia”, dijo Trigueros.
Pero, además de constituir un retroceso en materia de transparencia en el manejo de recursos públicos, Fusades advierte que los cambios al reglamento de la LACAP serían inconstitucionales porque se han hecho por medio de un decreto ejecutivo, cuando se están modificando normativas plasmadas en la ley.
“Lo que estamos viendo es un acceso en las facultades de potestad reglamentaria que tiene el Órgano Ejecutivo, porque el reglamento lo que hace es desarrollar la ley, no puede ir más allá de esa ley que viene a desarrollar, y mucho menos contradecirla y querer reformarla”, manifestó Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de Fusades.
Castro dijo que el gobierno de nuevo se toma facultades que le corresponden a la Asamblea Legislativa a través de la reforma a un reglamento
“El reglamento no puede ir más allá de lo que la ley establece, y esto podría conllevar a una inconstitucionalidad, eso es lo que preocupa de esta reforma”, añadió Trigueros.
Castro recordó, además, que el tema de las compras directas ha sido muy cuestionado a lo largo de la emergencia, cuando desde el gobierno se buscaba evitar que se aplicara la LACAP buscando mecanismos ad hoc para obviarla.
“El hecho de que ya no se encuentre este tipo de información en Comprasal, lo que va hacer es dificultar la trazabilidad de todas estas transiciones”, advirtió Castro.
Y teniendo como contexto la serie de cuestionamientos contra las compras del gobierno durante la pandemia, es “sumamente preocupante”, añadió el jurista de Fusades, “que se apruebe una reforma de manera inconsulta, con la cual estaría incumpliéndose la misma LACAP”.
Castro insistió en que debe haber “trasparencia en la emergencia” y lo que se ha visto es “todo lo contrario: opacidad y cuestionamiento.
