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René Merino, ministro de Defensa. Foto Diario Co Latino/Archivo

Ministro niega militarización de la seguridad pública

Mirna Jiménez
DiarioCoLatino

El ministro de Defensa René Francis René Merino Monroy rechazó ayer, que se haya militarizado la seguridad pública del país, como lo afirmó el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano así como otros sectores de la sociedad civil.

“Yo considero que militarización fuera por ejemplo si nosotros estuviéramos sustituyendo a la Policía, pero la Fuerza Armada no está sustituyendo a la Policía, está completando”, dijo Merino en entrevista con canal 33.

Merino afirmó que el presidente Bukele tiene bien claro cuál es el problema y cómo lo puede ir atacando. “Entonces lo que se está presenciando son resultados bien positivos en los cuales la Fuerza Armada junto con la Policía los están realizando. Estamos trabajando con los mismos estándares anteriores, solo que con nuevas técnicas y con nueva visión”, recalcó.

Quijano dijo, que “no cabe la menor duda” de que se está ante una clara “militarización de la seguridad pública” del país y que eso no es bueno para garantizar la democracia.

Por otro lado, Merino reveló que  348 aspirantes a reclutas de la Fuerza Armada han sido descartados por diferentes motivos, entre estos la presunta pertenencia a pandillas.

“En este proceso que estamos de reclutamiento, ya hay 348 que no van a poder ingresar, entre ellos hay algunos que los descubrimos que tienen vínculos con pandillas. Nosotros de manera dinámica, de manera constante estamos revisando nuestros protocolos hacemos investigaciones al interior” dijo Merino.

El presidente de la República Nayib Bukele ha dado instrucciones para el reclutamiento de 3 mil nuevos efectivos del ejército para incorporarlos al plan Control Territorial, con el que intenta quitar a las pandillas el control que ejercen en grandes zonas del país.
Merino dijo que uno de los obstáculos que enfrenta la Fuerza Armada, para depurar a presuntos pandilleros que se infiltran en la institución castrense es la garantía del debido proceso que obliga a largos procedimientos administrativos, para garantizar que no se vaya a caer en arbitrariedad con ninguna persona.

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