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Ciudad de Guatemala / AFP
Cientos de militares retirados de Guatemala que afirman haber sido reclutados durante la guerra civil en el país centroamericano bloquearon el lunes cuatro carreteras para presionar al Congreso y al gobierno a que apruebe una indemnización por sus años de servicio.
Los jubilados del Ejército cumplieron con la amenaza anunciada la semana pasada de cierres de caminos en demanda de la indemnización, de unos 11.110 dólares para cada uno, y reiteraron la posibilidad de boicotear las elecciones generales del próximo 16 de junio.
«Si para el 28 (de mayo) no tenemos una resolución (a las demandas) no habrán votaciones y no habrá nuevo presidente hasta que cumplan nuestras peticiones», dijo a periodistas Francisco de León, representante de los soldados retirados.
De acuerdo con el líder de los militares, su asociación reúne a 1,7 millones de integrantes, por lo que necesitarían cerca de 18.525 millones de dólares para cumplir la indemnización, cuando el presupuesto general del país actualmente ronda los 11.245 millones.
De León y un grupo de sus compañeros se reunió con diputados y funcionarios de gobierno para entablar un diálogo pero señaló que la conversación fue infructuosa. Un nuevo acercamiento entre las partes de espera para la próxima semana.
Sin embargo, ante el anuncio del Ministerio del Interior de que no se permitirán bloqueos para las elecciones, el dirigente arreció sus amenazas al indicar que los miembros de su asociación «tienen capacidad de armar bombas y hacer muchas cosas» que aprendieron en el Ejército.
La policía de carreteras señaló en su cuenta de la red Twitter que los militares jubilados interrumpieron el paso en carreteras de los departamentos de Santa Rosa (sureste), Retalhuleu (sur), Zacapa (este) y Alta Verapaz (norte).
Los militares además de la indemnización demandan vivienda y derecho a un seguro de vida.
La mayoría prestó servicios en las Fuerzas Armadas durante la guerra civil en Guatemala, que entre 1960 y 1996 dejó unos 200.000 muertos y desaparecidos, de acuerdo con una Comisión de la Verdad auspiciada por la ONU.
El grupo anunció además su apoyo a las aspiraciones presidenciales de Zury Ríos, hija del fallecido exdictador y general Efraín Ríos Montt, cuya candidatura fue vetada por el tribunal constitucional, con base en un artículo de la Constitución que deja fuera de la contienda a familiares de personas que hayan participado en golpes de Estado.
Los guatemaltecos irán a las urnas el 16 de junio para elegir al presidente que sustituirá a Jimmy Morales, además de 340 alcaldes, 160 diputados al Congreso y 20 al Parlamento Centroamericano.
