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Blanca Flor Bonilla
Luchadora social y diputada en el PARLACEN.
En la historia de la humanidad, la migración ha sido una expresión de la determinación para superar las adversidades y buscar una mejor vida individual y familiar. En la actualidad, las comunicaciones y el transporte, que son parte de la globalización, han incrementado en gran medida el número de personas que tienen el deseo y/o la capacidad de mudarse a otros lugares.
De acuerdo con información del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de El Salvador, en el año 2018, había aproximadamente 3.3 millones salvadoreñas y salvadoreños en el exterior, de los cuales, 2.8 millones viven en Estados Unidos de Norte América.
Durante la década de 1980, la violación a los derechos humanos y las guerras civiles de El Salvador, Guatemala y Nicaragua impulsaron un número importante de centroamericanos a emigrar hacia los Estados Unidos. A finales de 1990, la población inmigrante se triplicó. El Salvador expulsó aproximadamente a un millón de personas entre 1970 y 1990.
La vulnerabilidad ante los desastres socio-naturales como huracanes y los terremotos, como los de 2001 en El Salvador, llevaron a los Estados Unidos a designar a hondureños, nicaragüenses y salvadoreños elegibles para el Estatus de Protección Temporal (TPS).
En 2018, el presidente Trump anunció que no renovaría las designaciones TPS para El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Pero la sociedad civil salvadoreña organizada y movilizada en Estados Unidos ganó un proceso jurídico, este recién pasado 7 de diciembre de 2020, y logró la prórroga de un año más la estadía de personas tepesianas en ese país. Joe Biden, presidente recién electo, ha prometido regularizar a los 12 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos.
Durante el año fiscal 2018, la migración estadounidense arrestó y separó de sus familias a más de 38,000 niños no acompañados, violando su derecho a estar con sus familias. También fueron arrestadas casi 104,000 personas adultas provenientes del Triángulo Norte. Muchas personas continúan huyendo de la inseguridad y pobreza exacerbadas por sequías y malas cosechas, por los altos índices de homicidios, actividad pandillera, extorsiones e instituciones públicas corruptas1.
A nivel mundial, el número de migrantes que provienen de los países de Centroamérica pasó de 3,561,040 en 2000 a 5,856,860 en 2017, lo que representó un crecimiento de casi el 39.2 % en 17 años. El principal destino de estos migrantes es, marcadamente, Estados Unidos (78 %), seguido de Costa Rica (5.35 %), España (4.18 %), Canadá (1.8 %) y México (1.6 %). El resto (9.07 %) se ubicaba en 159 países y territorios distintos alrededor del mundo2. Según otras referencias, en el 2020 se ha alcanzado los 6.6 millones de migrantes de la región del SICA en el mundo.
Hasta 2018, aproximadamente 125,000 jóvenes de Centroamérica reunían los requisitos para obtener autorización de trabajo y protección de deportaciones bajo el programa DACA3. Con la lucha de esta población, en las calles, frente al Congreso Federal, la Casa Blanca y otras iniciativas legales, el sistema de justicia dictaminó la autorización para que continúen con este derecho.
Las remesas enviadas a Centroamérica por medio de canales formales se incrementaron más de seis veces desde el año 2000, rebasando los 22,300 millones de dólares en 2018. Las remesas como parte del PIB varían significativamente en cada país, desde menos del 1 % en Panamá y Costa Rica, hasta el 20 % para Honduras y 21 % para El Salvador4.
Una tercera parte de los inmigrantes centroamericanos son ciudadanos estadounidenses naturalizados. La mayoría de quienes recibieron el estatus de Residente Legal Permanente en 2017 lo hicieron a través de reunificación familiar5.
La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, aprobada por la ONU el 18 de diciembre de 1990, debe ser aplicada a todas y todos los trabajadores migrantes y a sus familiares (con algunas excepciones), sin distinción por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición. Esta Convención entró en vigor el 1 de julio de 2003. En diciembre de 2018, el texto ya había sido ratificado por 54 Estados.
En El Salvador celebramos y homenajeamos a nuestra población migrante por decreto legislativo la primera semana de septiembre. Reconozco el aporte de nuestra población migrante. FELIZ 2021.
1. Allison O’Connor, Jeanne Batalova y Jessica Bolter. Inmigrantes centroamericanos en los Estados Unidos. Agosto 15, 2019.
2. United Nations Department of Economic and Social Affairs – UNDESA (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas), 2018.
3. Hallazgos del Estudio de Línea Base sobre Migración y Desplazamiento en la Región del Sica. Informe Regional Julio 2019.
4. Banco Mundial, 2018.
5. Anuario de Estadísticas Migratorios del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, 2018.
