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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
El Salvador ha estado bajo régimen de excepción más de 400 días, medida estatal que surgió luego de un repunte en los homicidios. La medida ha permitido la violación de derechos humanos de miles de salvadoreños que nada tienen que ver con pandillas. La Asamblea Legislativa le ha concedido todas las prórrogas que el Gobierno ha solicitado.
El diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol, dijo que los mismos funcionarios del Ejecutivo han planteado que el régimen de excepción seguirá de forma indefinida. “La narrativa ha sido un poco variada, han dicho que hasta que el último pandillero esté tras las rejas; en fin, yo creo que mientras esta Asamblea Legislativa esté controlada por el poder Ejecutivo se cumplirá la voluntad de esa persona que es el presidente de la República”.
El legislador asegura que no acompaña la prolongación del régimen de excepción porque en el fondo, es sostener que una sola persona tenga el control y poder total. “Si el presidente Bukele quisiera meterla a usted (en referencia a una periodista) en la cárcel este día, yo creo que todos sabemos que la situación es tal que hay una fiscalía y una policía dispuesta a ejecutar esas órdenes”. El jefe de fracción del FMLN, Jaime Guevara, planteó que el gobierno debe adoptar una perspectiva más sostenible y respetuosa de los derechos humanos al abordar los desafíos de seguridad pública en el país.
El régimen de excepción “es una medida extrema que este Gobierno de derecha quiere mantener, esto a falta de una política pública real y eficiente; el régimen ha tenido un impacto negativo en los sectores populares y empobrecidos”, explicó Guevara.
“La violencia y la delincuencia son problemas reales, pero no podemos permitir que la respuesta gubernamental cause daño e injusticia a personas inocentes y sin vínculos con grupos criminales”, comentó Guevara, Además, para el parlamentario, el régimen de excepción “se utiliza para militarizar al país”.
Guevara señaló que el Estado debe responderles a las familias por las más de 200 personas que han muerto dentro de los centros penales. “Hay más de 5 mil denuncias de capturas arbitrarias”, señaló Guevara. La más reciente fue la del joven Manuel Gámez Morales, hijo de la presidenta de Asociación de Desarrollo Económico del Salvador (ADES), Vidalina Morales, que, de acuerdo con fuentes locales, el arresto del joven ocurre el mismo día que Vidalina Morales denunció las pretensiones del Gobierno de explotar la minería en la comunidad pese a una normativa que lo prohíbe.
ARENA, por su parte, señaló que el gobierno acepta que encarceló a 5,000 inocentes.
“Estas personas, que no la debían, pasaron durante meses por la tortura del sistema penitenciario: hacinamiento, maltratos, alimentación deficiente… ¿Cuántos de los asesinados dentro de las cárceles también eran inocentes?”, cuestionó el grupo parlamentario.
