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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
En el ámbito del Solsticio de Verano, cuando inician los meses más cálidos para el planeta, Silverio Morales, integrante de los Pueblos Indígenas de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, invocó a los cuatro puntos cardinales y ancestros como el abuelo sol y la abuela agua para pedirles para todos sensatez, convivencia en paz y un cambio en el rumbo del país.
“La corrección de rumbo del país se da escuchando a la población que se manifiesta, haciendo transparente la información, persiguiendo la corrupción y trabajando por las clases más desposeídas”, explicó Morales.
Los representantes de las 22 organizaciones que integran la Mesa por la Soberanía Alimentaria, presentaron su evaluación sobre el desempeño de la administración del presidente Nayib Bukele para el presente año.
En el marco del Día de la Conmemoración de la Carta de Derechos del Campesinado, aprobado por Naciones Unidas (ONU), en su resolución del 17 de diciembre de 2018.
Norma Mejía, de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, afirmó que existe hambre y pobreza en la región, y como elementos que inciden contra el desarrollo de los pueblos animó al gobierno a combatir estas injusticias que históricamente han venido afectando al goce pleno de los derechos humanos.
“En el informe Panorama de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2021, la FAO documenta que el hambre en América Latina y el Caribe se encuentra en su punto más alto desde hace 20 años, luego que aumentó en 30% las personas que padecen hambre entre 2019 a 2020”, expresó.
“Solo en un año, en el contexto de la pandemia (COVID-19), el número de personas que viven con hambre aumentó en 13.8 millones, dando un total de 59.7 millones de personas en la región, o sea, 4 de cada 10 personas están en esta situación. Y 267 millones experimentaron inseguridad alimentaria moderada o severa el año pasado (41%) y fueron 60 millones más que el año 2019, el más pronunciado que otras regiones del mundo”, sostuvo Mejía.
En el caso de El Salvador, señaló que entre el período de septiembre del 2021 a febrero de 2022, unas 600 mil personas se encontrarán en una situación de “crisis o emergencia alimentaria” de manera permanente. Por tanto, urgió al Gobierno a tomar medidas urgentes a corto plazo. Porque se espera para el 2022 , el posible aumento de 900 mil personas en condiciones vulnerables de alimentación que sería evidente entre los meses de marzo a mayo del próximo año.
A esta situación se suma “la marcada inflación en los precios de los bienes, especialmente los alimentos, que según el Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutrición de Centroamérica (SICA) reporta importantes incrementos como un 73% en el precio del aceite, un 40% al precio del azúcar y un 22% al costo de los cereales estamos en emergencia”, reiteró Mejía.
En cuanto a la denuncias de corrupción estatal en el período del COVID- 19, consideró que estas acciones contribuyeron en agravar la seguridad alimentaria y salud de la población, además de fortalecer la injusticia social y vulneración de los derechos de la ciudadanía.
“No olvidemos, la impunidad que se mantiene en los 16 hallazgos que la Corte de Cuentas de la República encontró en una auditoría especial realizada entre febrero y septiembre 2020, sobre los procesos de compra, distribución y liquidación de la ayuda alimentaria en el contexto COVID- 19, gestionado por el gobierno y que equivale a 142 .9 millones de dólares”, indicó Mejía.
Asimismo, mencionó la venta de 42,909 sacos de alimentos del Programa de Emergencia Sanitaria (PES) que según la Fiscalía General de la República, asciende a 1, 609,087.50 que estuvo destinado a la población afectada por la pandemia, pero al final no llegaron a su destino y de esto fueron señalados funcionarios de alto nivel del órgano Ejecutivo, por opacidad en la gestión y resguardo de la información pública.
Adalberto Blanco, integrante de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, agregó que durante la gestión de la actual administración se visualiza la “mentira” como política de Estado, al mencionar que la propaganda oficial contradice en su totalidad la garantía de los derechos de la población.
“El presidente Bukele dijo que El Salvador dejaría de consumir alimentos envenenados por pesticidas pero su fracción legislativa (Nuevas Ideas), se niega rotundamente a la prohibición del riego aéreo de agrotóxicos y la prohibición absoluta de 11 agroquímicos de los más tóxicos y prohibidos en varias partes del mundo”, dijo.
Mencionó también que entre enero y septiembre del presente año, alrededor de 588 personas murieron por causa de Insuficiencia Renal en el país.
“Es la segunda causa de muerte en el sistema hospitalario público, son datos del Ministerio de Salud, que revelan el fallecimiento de 395 hombres y 193 mujeres por esta afección. Y en los primeros meses del 2021, se acumularon 7,342 casos, y lo grave es la disminución presupuestaria al Primer Nivel de Salud Pública”, aseveró Blanco.
Sonia Sánchez, de la Mesa de la Soberanía Alimentaria, enumeró, una serie de exigencias al gobierno salvadoreño que incluía la “inmediata” ratificación constitucional del derecho humanos al agua y la alimentación, así como la aprobación de la Ley de la Soberanía Alimentaria.
“Demandamos el apoyo real, o sea, con presupuesto a la atención a personas con Enfermedad Renal Crónica y prohibir el riego aéreo de agrotóxicos, queremos la aplicación de la Política Nacional de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas. Y el retiro de la perversa Ley de Agentes Extranjeros y la Ley de Expropiación de Tierras, que afecta a poblaciones desposeídas ”, reafirmó.
“A nivel general seguimos en un contexto violento y, sobre todo, para las mujeres, por ahora no nos vemos reflejadas en el Presupuesto de la nación, ni en el ISDEMU, entonces, como organizaciones sociales seremos las que vamos acompañar y apostarle a la sostenibilidad de las comunidades y poblaciones vulnerables desde nuestro trabajo”, puntualizó Sánchez.
