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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Los representantes de la Mesa de Justicia Climática expresaron su preocupación por las graves fallas del gobierno en detrimento del Estado de Derecho, pidieron el cese a la persecución política de las organizaciones cuya labor es atender las necesidades de la población salvadoreña. José Ángel Coto, presidente de la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña (CONFRAS), indicó que el gobierno de Nayib Bukele pretende desmovilizar la acción política con amenazas, desprestigio, ataques y difamación al movimiento social por criticar su “deplorable gestión”, denunciar públicamente violaciones y vulneraciones de derechos humanos.
“El Salvador ha sufrido un retroceso en el sistema democrático desde los Acuerdos de Paz, con la destitución de magistrados y jueces de la Corte Suprema Justicia (CSJ) y el fiscal general de la República, pérdida de la autonomía de los órganos del Estado, así como criminalización y ataques a movimientos feministas, organizaciones defensoras de derechos humanos, campesinas, ambientalistas, periodistas, entre otras”, sostuvo Coto.
Dijo que es preocupante el atentado a la libertad de asociación, pues en los últimos meses el actual gobierno ha venido golpeando las organizaciones, al crear una comisión especial en la Asamblea Legislativa para desprestigiar la labor social y humanitaria que llevan a cabo en favor de las poblaciones pobres.
“Al allanar nuestras instalaciones con actitudes hostiles estuvieron atemorizando al personal, además, incautaron documentos y computadoras, extralimitándose en sus investigaciones; el régimen nos expone a la persecución política y la criminalización, atentando contra nuestras vidas y afectando la labor realizada responsablemente desde hace más de dos décadas”, enfatizó Coto.
A la vez, externó que de ser aprobada la Ley de Agentes Extranjeros afectará a la población porque ya no podrán tener la posibilidad de avanzar en su desarrollo social y económico, al verse reducida la cantidad de recursos financieros por el impuesto del 40% que quieren imponer a los fondos de la cooperación.
“Es un instrumento para amordazar a las asociaciones, restringirlas en sus libertades y utilizarla para seguir ejerciendo el abuso de poder, demandamos a los diputados de la Asamblea Legislativa que legislen en función del bienestar ciudadano y cesen en sus propósitos de destruir los cimientos democráticos”, reiteró.
Según el presidente de CONFRAS, otro aspecto vulnerado en la democracia es la libertad de expresión, actualmente no se puede disentir públicamente en el país, porque de hacerlo el gobierno persigue y somete al escarnio público ante la sociedad, para desprestigiar la imagen y el honor de las personas.
Entre tanto, Azucena Ortiz, integrante de la Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes (Las Melidas), consideró que el allanamiento a las organizaciones es un retroceso a la democracia en el país, así como el deterioro de las instituciones estatales en cuanto a la división de poderes y la autonomía de estas, lo cual demuestra una conducta de criminalización contra las ONG´s quienes se han dedicado por años a la lucha en la defensa de los derechos humanos principalmente de las mujeres.
“Es un ataque directo contra estas organizaciones porque son quienes a diario señalan y emiten observaciones a la forma y estilo como el actual gobierno está llevando a cabo el ejercicio de poder, permanentemente desarrollamos una crítica de las medidas antipopulares y la falta de transparencia del gobierno, haber cerrado los espacios que posibilitaban la rendición de cuentas y los hechos de corrupción”, manifestó Ortiz.
