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El domingo pasado en Chile se desarrollaron concentraciones masivas en protesta contra las empresas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y le exigieron al gobierno un cambio profundo de ese modelo.
Las manifestaciones en el país suramericano fueron calificadas como “históricas” por sus organizadores y, según estos, más de 2 millones de chilenos participaron en las marchas en todo el país, 800,000 de ellos en la celebrada en Santiago.
Sin embargo, según publicó la cadena de noticias BBC, la policía chilena estimó en 50,000 el número de manifestantes en la capital; además, en Valparaíso, otra ciudad importante, decenas de miles también salieron a las calles.
Las AFP operan en Chile desde 1980 y en Latinoamérica han retomado esta forma de administración Argentina, Perú y El Salvador.
En los últimos años los chilenos han rechazado la privatización de las pensiones y sus protestas se ha agudizado a partir de 2016, debido a que este sistema, según la oposición al mismo, no le da a la gente que se jubila una pensión digna para vivir su vejez y eso es diferente a las ganancias registradas por las AFP.
Una nota de la cadena de noticias BBC indica que según los críticos a las empresas administradoras de pensiones, los chilenos más pobres reciben una pensión final por debajo del salario mínimo, menos de $400.
Esta cifra contrasta con las ganancias obtenidas por la AFP. De acuerdo a un informe del investigador Gonzalo Durán, de la Fundación Sol de amplia circulación el año pasado, y que retoma la BBC, en los primeros nueve meses de 2015 las ganancias de las referidas empresas aumentaron en 71,4% comparadas con el mismo periodo el año anterior. Mientras que un análisis del Centro de Estudios Alternativos (CENDA), encontró que en diciembre de 2016 el sistema recaudó más del doble de lo que pagó.
“Es decir, de cada cuatro pesos recaudados en cotizaciones obligatorias el sistema de AFP se apropia poco menos de tres, para no devolverlos jamás”, concluye el informe publicado en la cadena internacional de noticias.
La protesta del pasado domingo coincide en momentos en que en El Salvador existe un debate para reformar el actual sistema de AFP. Las discusiones iniciaron el año pasado y, hasta entonces, el gobierno había sido el único actor en presentar formalmente una propuesta de modificación a la Asamblea Legislativa para su análisis.
No fue hasta hace unas semanas que las dos empresas aglutinadas en la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos), la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y otra organización de pensionados presentaron su propuesta de reforma al actual sistema.
De hecho, el secretario Técnico y de Planificación de la Presidencia, Roberto Lorenzana, opinó sobre el documento de Asafondos y de ANEP y afirmó que, en esencia, asume un diagnóstico similar a la propuesta que presentó el gobierno el año pasado, que parte fundamentalmente de dos cosas: uno, el sistema tal como está es insostenible y necesita una reforma; y, dos, que la privatización no logró el objetivo de hace 15 años de ampliar la cobertura previsional, que sigue siendo la misma rondando el 24%, aproximadamente.
