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El juicio será dirigido contra el exministro de Defensa Guillermo García, señalado como máximo responsable, y contra 12 oficiales del Batallón Atlácatl de la Fuerza Armada de El Salvador por los delitos de asesinato, asesinato tentado, incendio, violación y coacción agravada, por su participación en la operación militar realizada en diciembre de 1981.
Redacción Nacionales
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El caso de la Masacre de El Mozote y sitios aledaños ha sido elevado a juicio, según lo informó Cristosal este martes a través de un comunicado; esto, es «un paso decisivo hacia la vista pública tras más de cuatro décadas de lucha de las víctimas».
“El caso de la masacre de El Mozote y sitios aledaños ha sido finalmente elevado a fase plenaria”, manifestó Cristosal, y es que la resolución, notificada por la jueza de Instrucción de San Francisco Gotera, el 26 de noviembre de 2025, “abre el camino para la programación de la vista pública a corto plazo”. Hasta la fecha, no se ha informado sobre eventuales apelaciones por parte de la defensa.
Este paso, según comentó Cristosal, no es sólo procesal, sino que es el reflejo del incansable trabajo de sobrevivientes y familiares que, durante 44 años, han luchado por su dignidad y sostenido la búsqueda de justicia frente a un Estado que ha intentado cerrarles la puerta de la verdad y “asegurar impunidad a favor de los perpetradores de este crimen de guerra y de lesa humanidad”.
De hecho, este progreso en el caso ocurre a las puertas del 44.º aniversario de la masacre (10 de diciembre de 1981), y también en un tiempo marcado por las deudas históricas del Estado, ya que han pasado 35 años desde la denuncia original; 13 años desde la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó juzgar a los responsables de la masacre; 9 años desde la reactivación del caso tras la anulación de la amnistía que se aplicó al caso por 23 años y donde más de 140 víctimas murieron sin ver justicia.
Es de contextualizar que durante décadas, los gobiernos salvadoreños “han tratado de proteger a los responsables de la masacre y, por mucho tiempo, negaron su existencia”, según comentó Cristosal en su comunicado, ya que en 1992, el expresidente Alfredo Cristiani negó la existencia de archivos militares vinculados al caso; en 2020, el presidente actual, Nayib Bukele, bloqueó inspecciones judiciales en estos archivos militares; y, en 2021, el golpe al poder judicial destituyó al juez del caso, provocando un nuevo estancamiento.
Ahora, el proceso judicial incorpora prueba “contundente” sobre los hechos y la cadena de responsabilidades de los oficiales acusados.
El juicio será dirigido contra el exministro de Defensa Guillermo García, señalado como máximo responsable, y contra 12 oficiales del Batallón Atlácatl de la Fuerza Armada de El Salvador por los delitos de asesinato, asesinato tentado, incendio, violación y coacción agravada, por su participación en la operación militar realizada en diciembre de 1981 en la cual se exterminó a más de mil civiles, en su mayoría niños, niñas y adolescentes, por lo que representa la mayor masacre perpetrada en América Latina en el contexto contemporáneo.
El avance del caso, según lo explicó la fundación CRISTOSAL ha sido posible gracias a la prueba testimonial brindada por las personas sobrevivientes; así como los resultados forenses sobre los fragmentos óseos recuperados bajo la coordinación y análisis del Equipo Argentino de Antropología Forense, aunados a los peritajes técnicos impulsados por la acusación particular, integrada por Cristosal y Tutela Legal.
“La justicia para las víctimas de este atroz crimen es un deber ineludible del sistema de justicia salvadoreño”, enfatizó CRISTOSAL.
Desde 2016, con la reapertura del caso, Fundación CRISTOSAL ha acompañado esta lucha y hasta su cierre de operaciones en El Salvador en julio de este año, provocada “por la persecución política del régimen actual contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos”. Sin embargo, aseguró CRISTOSAL, el compromiso con las víctimas “sigue firme”.
Por ello, la fundación instó a que en esta etapa “decisiva” del caso de la masacre de El Mozote sea respetada y se permita la aplicación de la justicia sin ningún tipo de instrumentalización o propaganda política desde los poderes del Estado.
Esta noticia ocurre un día antes del 10 de diciembre, cuando se celebra el Día de los Derechos Humanos.
