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Más de 200 personas asesinadas en la masacre conocida como El Calabozo aún esperan recibir justicia. Foto Diario Co Latino/Alfredo Carías

Masacre El Calabozo, sin justicia

Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino

Las más de 200 personas que fueron asesinadas el 22 de agosto de 1982, por efectivos militares de la Fuerza Armada, en el cantón Amatitanes, en San Esteban Catarina, San Vicente, aún no logran obtener justicia, pese a sus esfuerzos por obtener verdad, reparación y garantías de no repetición para las víctimas; entre ellas niñas, niños y personas mayores, por omisión del Estado salvadoreño.

El Informe de la Comisión de la Verdad “De la Locura a la Esperanza”, documentó que fueron elementos del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata (BIRI) Atlacatl y Belloso quienes asesinaron a la población civil que retuvieron en su operativo antiguerrillero en la zona de los Cerros de San Pedro y que, según testimonios de familias y sobrevivientes, este operativo duró varios días, ametrallando a personas indefensas entre mujeres, niños, niñas y adultos mayores.

El Centro por la Promoción de Derechos Humanos “Madeleine Lagadec”, CRISTOSAL, la Alcaldía de Esteban Catarina, San Vicente, así como, víctimas y sobrevivientes de la Masacre El Calabozo, conmemoraron el 38 aniversario de ese crimen masivo en 1982, sin obtener una respuesta favorable del Estado salvadoreño.

Irene Goméz (Cristosal), abogada y representante legal en el caso de la Masacre El Calabozo, explicó que el año 2016, después de la sentencia de amparo, se declaró que el caso tenía que abrirse de nuevo y que, sumado a la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, se debía retomar.

“El caso ha ido a paso lento porque se ha estado intentando tener acceso a los archivos militares, pero no ha habido apertura por parte del Ejecutivo, en los Gobiernos anteriores e incluso del actual, lo que genera el atraso en cuanto al acceso a la justicia de las víctimas”, señaló.

Mientras, con la reparación a las víctimas, en el caso judicial, al no haber una condena o una sentencia de las personas implicadas y las que perpetraron la masacre, no habría una reparación civil para las personas, agregó Gómez.

“No obstante, el decreto 204, del cual se da beneficio de reparación económicas a personas que son víctimas del conflicto armado, se está dando seguimiento, pero es reciente desde abril de 2020, porque desde que entró el nuevo Gobierno (presidente Nayib Bukele) el decreto quedó inactivo y muchos no sabían dónde entregar la reparación económica, porque desapareció la Secretaría de Inclusión Social, que llevaba el proceso; ahora se pasó a Gobernación y como hasta abril comenzaron a dar el dinero de los primeros tres meses a las víctimas de El Calabozo en San Vicente y Usulután, eso ha vulnerado sus derechos, pero ese es ya otro tipo de reparación que es por parte del Estado”, acotó.

Realizan misa en honor a las víctimas de la masacre de El Calabozo en el cantón Amatitanes, en San Esteban Catarina, San Vicente. Foto Diario Co Latino/Alfredo Carías

La Masacre de El Calabozo fue reseñada por el periódico estadounidense Washington Post, el 8 de septiembre de 1982, a dos semanas de ocurridos los eventos, y que el ministro de la Defensa, José Guillermo García, declaró en ese momento que había investigado esa información y negó la ocurrencia de los hechos.

A la fecha, después de múltiples intentos de las víctimas por obtener justicia, el proceso continúa en la etapa de instrucción e insistiendo en obtener acceso a los archivos militares, en donde están documentados en los archivos oficiales.

Estos operativos militares, coordinados por el Estado Mayor Militar -en esa época- dejaron una estela de torturas, violaciones y ejecuciones extrajudiciales en diversas masacres como El Calabozo, El Mozote, Las Vueltas, que se dieron a lo largo de los años ochenta.

Asimismo, las organizaciones pro derechos humanos, Centro “Madeleine Lagadec” y Cristosal poseen testimonios de sobrevivientes que identificaron, así como, el aporte del Informe de la Comisión de la Verdad, que reseñan que estos operativos fueron ejecutadas por el Batallón de Infantería de Reacción Inmediata (BIRI) Atlacatl y Belloso, el Destacamento Militar No. 2 de Sensuntepeque, Cabañas, y la 5ta. Brigada de Infantería de San Vicente.

En cuanto a los imputados (con sus cargos en el momento de la masacre), tienen documentado a: Gral. José Guillermo García, ministro de Defensa y Seguridad Pública; el Gral. Rafael Flores Lima, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada; el coronel Sigfredo Ochoa Pérez, comandante del Destacamento Militar No. 2; el teniente coronel Miguel Antonio Méndez; el comandante del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata, general Ramón Belloso; y el Gral. Juan Rafael Bustillo, comandante de la Fuerza Aérea.

El padre Inocente Alas “Chencho Alas”, en la misa de aniversario de la masacre El Calabozo llamó a familiares y sobrevivientes, pero sobre todo a las comunidades, a mantenerse unidos para lograr la justicia y honrar la memoria de las víctimas.

“Debemos ser un pueblo consciente y organizado y frente tanto aprovechamiento como sucede con esta pandemia. Recuerden, Satanás no se presentará feo… será guapo y amable, por eso lo sigue la gente, ofreciendo oportunidades, respuestas a las necesidades y que prefiramos olvidar a las víctimas y no solidarizarnos con las víctimas o con la gente que despiden, o que protestan por un trabajo digno. Y ese es el éxito de Satanás, debemos estar atentos y veamos con los ojos espirituales tenemos que unirnos, tenemos la inteligencia y tenemos corazón para el amor, no para el odio”, puntualizó.

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