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Saúl Méndez
Colaborador
Ante el vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS), previsto para el próximo 9 de septiembre, Ramón Cardona, del Centro Latino Cuscatlán, expresó su preocupación por la falta de una política de recepción en El Salvador para los compatriotas que podrían ser deportados de Estados Unidos.
La terminación del amparo migratorio dejaría sin permisos de trabajo y expuestos a procesos de deportación a más de 170,000 salvadoreños beneficiarios del TPS, otorgado en febrero de 2001 tras los terremotos que afectaron al país ese año.
«La situación que están enfrentando en este momento es una de zozobra, una de incertidumbre, una de llorar, una de recibir en nuestra agencia llamadas a diario. ‘¿Ya hay algo nuevo del TPS? ¿Ya podemos renovar? ¿Ya va a venir el permiso de trabajo?’. Y no, nos toca darle las noticias negativas de lo que está sucediendo», indicó Cardona.
El representante del Centro Latino Cuscatlán, una organización comunitaria que ofrece servicios de inmigración a bajo costo, se mostró consternado ante la falta de pronunciamientos oficiales de las autoridades salvadoreñas, luego de que el pasado 5 de agosto el juez federal Nathaniel Gordon, de una corte de Massachusetts, dejara sin efecto las restricciones que impedían al Gobierno estadounidense aplicar nuevas limitaciones a los permisos de trabajo.
«Quisiéramos ver al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, hablar seriamente del grave problema social y humano que vamos a tener cuando 170,000 personas queden sin protección migratoria en Estados Unidos», afirmó.
«La única que presentó algo al respecto fue la diputada Claudia Ortiz, cuando propuso que, de los 10 dólares que paga todo usuario del Aeropuerto Internacional de El Salvador, se utilice un dólar para crear un fondo de emergencia para ayudar a los retornados. Cuando caigan estas personas, ¿a dónde van a ir a vivir?, ¿cómo se van a reinsertar a la vida laboral? Si llevan niños, jóvenes o adolescentes, estamos hablando de educación, de la escuela. O sea, es un problema gigantesco y los diputados que mayoritariamente dominan la Asamblea Legislativa no han hecho nada», aseguró.
Cardona también explicó que no han recibido respuestas por parte de la Cancillería ni de la Embajada de El Salvador en Estados Unidos.
«Se les han hecho muchas preguntas a la embajadora Milena Mayorga sobre si va a haber algún tipo de apelación con el Gobierno, a través de las fuentes diplomáticas, para defender a los salvadoreños. Pero se ha limitado a decir en dos ocasiones, en febrero y hace un mes: ‘El Gobierno de los Estados Unidos es soberano y toma sus propias decisiones’.
No es eso lo que le estamos preguntando. Ya sabemos que el Gobierno de cualquier país toma sus propias decisiones. Pero apelar por lo humanitario de lo que significa que casi 200,000 personas se queden sin protección migratoria y sin permiso de trabajo… Estamos a la víspera de una crisis enorme si no hacen algo al respecto», alertó.
También destacó que la canciller Alexandra Hill visitó en febrero de este año a la representante del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para abordar temas de seguridad, comercio y migración, pero, según Cardona, no hubo resultados favorables para los beneficiarios del TPS.
«Cuando hicimos muchas preguntas a Cancillería y a la Embajada, ¿cuál fue el tema discutido de migración y qué resultados, acuerdos o promesas hay al respecto? Silencio. Un silencio sepulcral, el cual te está diciendo: el Gobierno de El Salvador no se atreve a pedirle a este Gobierno un paliativo para los salvadoreños que van a entrar en esta crisis social y humana muy pronto», lamentó.
«Yo veo un Gobierno de Bukele súper irresponsable, una Asamblea Legislativa que, con su politiquería de engaños, está hablando de que cuando se dé el momento vamos a hacer algo. Ya estamos sobre el momento.
Y, segundo, lo que dijo el presidente de la Asamblea, el señor Castro, de que va a haber otra renovación del TPS; eso es profundo e importantísimo. Son palabras de alivio para la gente que lo esté escuchando, pero que le dé un poquito más de sustancia al respecto, porque no ha sido así. ¿Y por qué Cancillería no dice nada, igual que lo que él ha dicho? Es muy preocupante», agregó.
El Centro afirmó que los posibles afectados tendrán que prepararse y no esperar a que el Gobierno de El Salvador establezca una política de recepción para quienes sean retornados:
«No lo han hecho ni lo van a hacer, ni van a poner recursos para ellos. Ellos, más bien, los han utilizado en cuanto a las remesas que mandamos a El Salvador, en cuanto a las visitas que hacemos a El Salvador, en cuanto a cómo logramos que la economía de El Salvador dependa y se sostenga de lo que los salvadoreños de la diáspora mandan hacia allá. Pero no estamos viendo al Gobierno ser serio en el sentido de que viene una crisis social y humana. ¿Y dónde están las políticas de recepción para todas estas personas?», concluyó.
