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@arpassv
El pasado 22 de abril se celebró el Día Internacional de la Madre Tierra, conmemoración instaurada para generar conciencia sobre la situación ambiental, protección de la diversidad y problemas demográficos. “Es un día para rendir homenaje al planeta y reconocerlo como casa común, demostrando la interdependencia entre los ecosistemas y los seres vivos”.
Sin embargo, en el país varios hechos ensombrecieron esta magna celebración, hechos que representan graves amenazas. Entre estos la nominación del empresario pro minero Carlos Calleja como candidato presidencial del oligárquico partido ARENA y la intentona de la derecha parlamentaria de eliminar el límite constitucional de 245 hectáreas a la propiedad de la tierra, comentados en editoriales anteriores.
Aquí, agregamos dos más. Uno es la nefasta resolución del Juzgado de Sentencia de Santa Tecla, que absolvió de lesiones culposas a tres exgerentes de Baterías Record y les impuso la risible multa de 195 dólares a entregar a cada una de las 52 víctimas de la mortífera contaminación con plomo en Sitio del Niño, San Juan Opico (La Libertad).
Además, los infames tribunales tecleños nunca quisieron enjuiciar a los dueños de la fábrica (entre los que figura Miguel Lacayo, el flamante exministro de Economía del gobierno de Francisco Flores que otorgó licencias de exploración minera en el quinquenio 1999-2004).
Y otro es la amenaza de aprobar una ley privatizadora del agua, pretensión irrenunciable de la derecha legislativa que defiende fielmente los intereses de industriales, azucareros y demás mercaderes del agua. ARENA, GANA, PCN y PDC hacen oídos sordos al llamado que ayer hizo el colectivo “Cuidemos la Casa de Todos”, integrado por las organizaciones ambientales, la UCA y la Iglesia Católica.
Así que esta celebración del Día de la Tierra es triste, sombría y marcada por preocupaciones urgentes.
La población debe asumir como llamados de la Madre Tierra mantener la prohibición de la minería metálica, evitar la contrarreforma agraria de la derecha parlamentaria y lograr una ley que reconozca el agua como derecho, establezca un ente público para las políticas hídricas y permita la participación comunitaria en la gestión del vital líquido.
