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@arpassv
La Sala Constitucional anuló el nombramiento de los representantes -propietario y suplente- del sector privado en la Junta Directiva de la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), tal como había solicitado la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).
Molesta porque los funcionarios designados no eran de su agrado, la gremial empresarial afín al oligárquico partido ARENA recurrió a sus amigotes de la Sala Constitucional para anular la elección. Los tristemente célebres magistrados Belarmino Jaime, Rodolfo González, Florentín Meléndez y Sidney Blanco, atendieron -obedientes y sumisos- la petición.
En su resolución abusiva e ilegal, la Sala ordenó el retorno del representante de ANEP que concluyó sus funciones en diciembre del año pasado. Esto es insólito, pero -en su lógica arbitraria y prevaricadora- se vale todo, siempre que sea para defender intereses de la derecha oligárquica.
No es la primera vez que estos magistrados resuelven a favor de intereses empresariales. También han revertido reformas tributarias progresivas, prohibieron la publicación de los evasores del fisco y anulan la elección de todo funcionario vetado por ANEP, incluidos magistrados de la Corte de Cuentas, Tribunal Supremo Electoral y hasta la misma Sala Constitucional.
Por eso urge poner atención a la elección de los nuevos magistrados y asegurar funcionarios capaces, honestos, probos e independientes. Independientes no solo de partidos políticos, sino también de élites empresariales, mediáticas, religiosas y cualquier otro poder fáctico que interfiera en la correcta aplicación de los principios constitucionales.
Y para esto se debe cambiar la correlación en la elección legislativa de marzo próximo. Si la derecha logra mayoría podrá nombrar magistrados afines a sus intereses, iguales o peores que los actuales miembros de la Sala.
Finalmente, en relación a los magistrados salientes, estos no deben quedar impunes por sus abusos, arbitrariedades y posibles delitos. En tal sentido, la ciudadanía democrática debe exigir a Fiscalía que asuma las demandas por prevaricato y actos arbitrarios ya presentadas, y preparar nuevas denuncias contra Jaime, González, Meléndez y Blanco, magistrados de la ANEP.
Que así sea.
