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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Acción Ciudadana, por medio del Observatorio para el Fortalecimiento Institucional, monitoreó el proceso legislativo de elecciones de magistraturas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y fiscal general de la República en el año 2021, el cual reveló que la idoneidad no fue un factor determinante para la elección.
Según Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, pese a que las diferentes etapas en los procesos de las elecciones fueron públicas, no toda la información generada estuvo a disposición de la ciudadanía, la Asamblea Legislativa no permitió observación presencial de la ciudadanía en las entrevistas a candidatos de magistrados.
“En ambas elecciones se hace un breve ejercicio para constatar el proceso con los estándares internacionales en la materia, no es una comparación antojadiza que hace Acción Ciudadana, sino retoma los estándares internacionales para determinar si las elecciones fueron transparentes, se basaron en la idoneidad o hubo participación ciudadana”, enfatizó Escobar.
En los procesos de elección no se establecieron perfiles de los funcionarios, ni los criterios de evaluación aplicables a las candidaturas, lo cual indica que la idoneidad no fue un factor determinante para la elección. Además, no existió participación ciudadana en la etapa legislativa de las elecciones.
En ambas elecciones, diversas organizaciones de la sociedad civil propusieron baremos para evaluar a las candidaturas, instrumento que no fue considerado por los legisladores; la evidencia indicó que los procesos de elección desarrollados por la actual legislatura repiten los vicios que la sociedad civil ha venido señalando desde hace más de una década.
El informe detalló que el bajo número de abogados aspirantes a la elección de fiscal general demostró que la comunidad jurídica estaba consciente que el proceso carecía de transparencia y confianza.
Previo a la convocatoria con la cual daba inicio el proceso de elección del fiscal general, no se definió un perfil del tipo de funcionario que buscaba la Asamblea Legislativa, es decir, no se estableció el tipo de experiencia profesional o formación académica que debería tener el fiscal. Lo mismo sucede con la probidad e independencia.
El estudio determinó que no fueron criterios de idoneidad los aplicados para evaluar y comparar a los aspirantes, dejando la elección al arbitrio de la conveniencia política de la correlación dominante en esta legislatura, partiendo del estándar no se eligió al fiscal general con base a méritos y capacidades, el proceso no contó con una herramienta de evaluación ni con un perfil que identificara las cualidades personales y profesionales, de la persona ideal para ejercer el cargo.
Mientras tanto, en la elección de magistrados se evidenció la falta de criterios de evaluación de candidaturas por parte de la Asamblea Legislativa, pues no se contó con una herramienta que sirviera para evaluar, ponderar ni comparar a los candidatos a partir de su formación profesional y experiencia. La elección no fue con base al mérito personal, capacidad profesional o la experiencia adquirida por los aspirantes.
Acción Ciudadana exhortó a la Asamblea Legislativa para corregir las deficiencias advertidas en los procesos de elección de segundo grado.
