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Gloria Silvia Orellana
Eduardo García
@DiarioCoLatino
“Mi postura es la misma: reivindico los aciertos del proceso electoral
2015, seek en donde desarrollamos un proceso electoral que tenía como
objetivo garantizar el ejercicio al sufragio”, dijo el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Julio Olivo.
Las declaraciones brindadas por el funcionario fueron en la Cátedra de Realidad Nacional de la UCA, con el tema “El sistema electoral en la encrucijada: balance de las elecciones 2015”, que promovió la Vicerrectoría de Proyección Social.
Al evento asistieron Olivo; el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, y el director de la Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales, Álvaro Artiga.
El Magistrado Olivo reiteró que se garantizó el voto de más de 2 millones de salvadoreños que acudieron al evento electoral; y agregó que las sentencias de la Sala de lo Constitucional contrastan con las resoluciones dadas hace unos días.
“La Sala (de lo Constitucional) lo que ha hecho es confirmar la cantidad de escaños que nosotros ya habíamos determinado producto del recuento y demuestra que nosotros teníamos la razón; no se violó ningún derecho fundamental y la demanda presentada por los candidatos no era lo suficientemente robusta y es por eso que nosotros las declaramos improcedentes”, argumentó.
Para Olivo, la elección de los nuevos miembros del Tribunal Supremo Electoral y el proceso del sufragio estuvo bajo una campaña de señalamientos y desprestigio a nivel mediático antes, durante y después de las elecciones.
“Uno de los componentes del proceso, que se llama transmisión, falló (1º marzo 2015), pero sucede que el proceso electoral tenía todo un plan general de elección que eran 15 componentes, pero se dio como un proceso fallido a partir de un solo programa que no pudo transmitir los resultados, como que eso fue la hecatombe para determinar todo un evento electoral”, opinó.
El presidente del TSE presentó además una reseña sobre el trabajo realizado por el ente colegiado que calificó de legal y transparente, como la garantía de la distribución de los paquetes electorales a tiempo en los mil 595 centros de votación y los 10 mil 621 Juntas Receptoras de Votos (JRV) y se garantizó la impresión de 15 millones 960 mil papeletas.
“En el proceso se consolidó el voto residencial en los 262 municipios
del país, para beneficiar a adultos mayores y personas con alguna discapacidad –esto lo han reconocido organismos internacionales-; se administraron planillas de trabajos temporales de 12 mil 962 temporales y 53 mil 105 titulares de JRV, este es un análisis positivo del fenómeno que hemos venido a plantear”, subrayó.
Asimismo, admitió que influyó de forma negativa el poco tiempo para adecuarse a los cambios del proceso electoral; la administración de tres elecciones (legislativas, municipales, Parlacen) que llevó a manejar casi 16 millones de papeletas y el proceso complejo del voto cruzado que fue de forma tardía para su acople a los y las votantes.
Mientras, Álvaro Artiga, de la UCA, mencionó que las elecciones recién pasadas estaban condenadas desde el principio, en el proceso de escrutinio que incluso, sin la sentencia de la Sala de lo Constitucional hubiera generado problemas por el voto cruzado.
“Este voto se debería llamar combinado¿ ¿por qué digo esto?, porque las elecciones de 2012 no tuvieron el voto cruzado pero el voto preferencial, que es cuando el votante elige dentro de una lista de un partido político, ya mostró problemas en el conteo de votos”,
consideró.
Para Artiga, el problema de las elecciones radica desde la integración y capacitación de los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) pero los partidos políticos no realizaron ningún tipo de reformas para corregir los errores y se quedaron en un tipo de acuerdo y se conformaron con los resultados, que son inconsistencias comunes del ente electoral.
“Cuando supimos (voto cruzado) llegamos al Tribunal a ver si podíamos contribuir a capacitar a la JRV, por el llenado de las actas y no queremos que esto vuelva a ocurrir con un TSE nuevo; cuando es convocada la elección habilita de una manera un poco rara, ya que ni la Asamblea, ni el TSE reglamentaba sobre el tema y la Sala se fue con todo”, dijo.
El problema del conteo de votos, agregó Artiga, es histórico y está enquistado y auguro que puede volver a darse una situación similar en el año 2018, de no reformar la legislación del voto cruzado, que dificulta el conteo.
“Del llenado de las actas no hay que responsabilizar al TSE, porque quienes capacitan a las JRVs son los partidos políticos y ellos son, los que están en este problema”, dijo.
Rodolfo González, magistrado de la Sala de lo Constitucional, expresó que la Sala intervino de acuerdo al artículo 208 de la constitución, sobre la reforma constitucional de 1991, asumiendo que la constitución es la norma sobre la que deben operar todos los órganos del estado, y bajo la que pudo actuar no precisamente sobre materia legislativa pero sí como vigilante de las normas y derechos constitucionales.
Señaló, además, que una reforma electoral ideal en el país es aquella que debería surgir desde un consenso de los diferentes actores políticos, impulsado no desde el órgano judicial sino desde el legislativo. Sin embargo, expresó que las responsabilidades constitucionales de protección a los derechos no son exclusivas del legislativo. Detalló, como ejemplo, que la obligación de proteger el carácter libre del voto no es exclusiva del órgano legislativo.
González afirmó que en las pasadas elecciones, ante la ausencia de legislación, intervino la Sala de lo Constitucional para atender los requerimientos considerando aquellos que estaban argumentados. Señaló que de las 16 demandas que se presentaron durante los últimos comicios, la Sala admitió y sentenció únicamente dos.
Considera, además, que no se puede acusar a los magistrados del TSE por errores o inconsistencias, o incluso acciones de mala fe, que pudieron ocurrir durante las elecciones del 1 de marzo, si los miembros de las JRV no actúan bajo su control. Señaló que el TSE debería de poseer las herramientas legales sobre ese tipo de situaciones. En referencia a esto, detalló los 21 mil votos que no habían sido tomados en cuenta durante el primer conteo en el departamento de San Salvador, acción que atribuyó a la falta de control que el TSE tiene sobre las JRV.
