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José Acosta
Apartir de la segunda mitad del siglo XX comenzó la utilización masiva de agroquímicos, a este fenómeno se le conoce como “La Revolución Verde”. Su aplicación llegó a ser una práctica inclusive como medida preventiva, aún sin ningún ataque visible de plagas. Desde entonces, la experiencia ha demostrado que esta tecnología a la larga es ineficaz; y por el contrario donde se han utilizado agroquímicos de manera indiscriminada, las plagas y las hiervas se han vuelto resistentes y difíciles o imposibles de controlar. Otro problema es que la mayor parte de los productos fumigados llega a un destino diferente del buscado, incluyendo especies vegetales y animales, aire, agua, sedimentos de ríos, mares y alimentos, lo cual ha generando una contaminación ambiental sin precedentes en la historia de la humanidad.
Por otra parte el uso de estos productos constituye un proyecto de dominación económica política y cultural de unos países sobre otros. Los venenos agrícolas fueron promovidos como la salvación de la humanidad contra el hambre, y así lo enseñaban en las escuelas y facultades; la agricultura de los agrónomos se convirtió en la agricultura moderna, y la agricultura campesina pasó a ser llamada de subsistencia. No obstante, los agroquímicos no han resuelto el problema del hambre, más bien lo han profundizado mediante la pérdida de soberanía, destrucción de los recursos naturales y el genocidio de las nuevas generaciones campesinas.
En El Salvador, la alta exposición a agroquímicos tiene como resultado que generaciones jóvenes estén muriendo de enfermedades como la insuficiencia renal crónica. El Ministerio de Salud reporta 3,662 casos de muertes, entre el 2011 al 2015, dicha institución asegura que: “la exposición a pesticidas constituye el verdadero elemento detonante de la tragedia sanitaria que está afectando a las comunidades agrícolas salvadoreñas.”
Las muertes y enfermedades asociadas a los agroquímicos y la grave contaminación ambiental son razones fuertes para prohibirlos, la iniciativa fue tomada por la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña (CONFRAS), que el 30 de octubre de 2012, solicitó a la Asamblea Legislativa reformas a la ley sobre control de pesticidas para establecer por primera vez una sólida prohibición del registro, importación, fabricación, comercialización, distribución, uso y manejo de productos como el DDT, etil paratión, cianuro de sodio, toxafeno, paraquat, compuesto de mercurio, glifosato, entre muchos otros.
Casi un año después, el 5 de septiembre de 2013, la Asamblea Legislativa respondió aprobando el Decreto 473 que prohíbe una lista de 53 agroquímicos; ante esta coyuntura las gremiales empresariales dedicadas al negocio de estos venenos, emprendieron una fuerte campaña mediática argumentando que su uso es necesario para la productividad agrícola y que no existe evidencia científica sobre los impactos en la salud pública y en el medio ambiente. Dicha estrategia tuvo como resultado que el ExPresidente Mauricio Funes, devolviera el decreto a la Asamblea con observaciones y por tanto la prohibición no se hiciera efectiva.
Por su parte las organizaciones ambientalistas, campesinas y diversos grupos de la sociedad civil mantienen una lucha incansable para asegurar que tales productos químicos se eliminen definitivamente del mercado. También la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha manifestado que la prohibición de estas sustancias es la alternativa más idónea y diligente para evitar daños futuros, los cuales pueden llegar a ser irreparables, como es la pérdida de más vidas humanas, defectos congénitos, problemas neurológicos o daños a bienes naturales como el agua, aire, suelo y biodiversidad.
Su prohibición no solo es necesaria, es también urgente, la Asamblea Legislativa, sin más demora, debe reactivar la discusión y superar las observaciones hechas por el Presidente Funes al Decreto 473, o bien emitir un nuevo decreto que prohíba los peligrosos agroquímicos.
