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Recientemente, en una entrevista televisiva, la exembajadora de Estados Unidos en El Salvador, Mari Carmen Aponte manifestó que entre las consecuencias que El Salvador podría sufrir por el golpe de Estado dado a la Corte Suprema de Justicia es una afectación directa contra los beneficiados con el TPS y las remesas, entre otros, de parte del Gobierno de Joe Biden, lo que al final, si se toman medidas en esa dirección, serían millares de salvadoreños los afectados, sobre todo los de aquí, que viven de las remesas, es decir, de la ayuda de sus familiares en el país del norte. La exembajadora dejó claro que la Casa Blanca está inconforme y preocupada por el golpe dirigido desde Casa Presidencial, es decir, por el presidente Nayib Bukele, pues fue él quien ordenó a la Asamblea Legislativa sustituir a los cinco magistrados propietarios y a sus suplentes de la Sala de lo Constitucional, y nombrar inmediatamente a cinco jueces “afines” a los intereses del mandatario salvadoreño.
El presidente Bukele ordenó, también, la destitución del fiscal, y en su puesto fue elegido a uno que se identifica con los propósitos del mandatario. “Ya hemos oído con gran preocupación a la vicepresidenta (de los Estados Unidos) Kamala Harris, hablar en términos de cómo EE.UU. tiene que responder a los ataques del liderazgo salvadoreño a la independencia judicial”, recordó Aponte. Aunque en El Salvador, prácticamente el golpe ha sido aplaudido por la inmensa mayoría, dado el gran apoyo popular que tiene el presidente Bukele, y salvo un porcentaje mínimo de la población, que ha visto con suma preocupación lo sucedido el uno de mayo, Aponte dijo que en su país ya se están escuchando opiniones sobre unas posibles repercusiones que “no serán placenteras ni para los Estados Unidos ni para El Salvador”.
La exembajadora se refirió a un rumor que circula en el congreso estadounidense sobre la suspensión de visas a funcionarios, suspensión de TPS, pero “yo no estoy segura de que la administración de Biden quiera eso, pero ciertamente hay esos rumores”, dijo.
Esperemos que lo que Aponte afirma no ocurra, y que si se toman medidas contra el Gobierno de Bukele, que sea directamente contra ellos, y no contra la población. Tomar medidas contra los migrantes, como los “tepesianos”, por ejemplo, sería injusto, pues son gente que se ha volcado a trabajar no solo para los suyos, sino también para los Estados Unidos de América.
En general, los migrantes salvadoreños son una comunidad que se distingue en Estados Unidos por su desempeño en la creación de riqueza, y ahora está en la parte política, pues hay representantes en gobiernos locales y en el Congreso.
Que anualmente El Salvador reciba cerca de cinco mil millones de dólares en concepto de remesa, eso indica que el trabajo de los salvadoreños es muy dinámico en Estados Unidos, y eso indica que no solo contribuyen al tesoro con sus impuestos, sino para generar riqueza. Ojalá y el Gobierno de Biden, que ha mostrado una actitud distinta hacia los migrantes, incluso hacia los once millones de indocumentados en Estados Unidos, no los incluya entre las medidas que pueda tomar contra el Gobierno de Bukele, pues lo que hacen los gobernantes no deben endosarlo a la población.
La misma señora Aponte habló de otras medidas, esperemos que sean esas las que se apliquen, y que no afecten al pueblo. Lo ideal sería que el Presidente Bukele diera señales a la comunidad internacional que el hecho de tener bajo su control de los tres órganos del Estado salvadoreño no continuará violentando la Constitución, y que tampoco perseguirá al que él llama el 3 % de la población salvadoreña, la oposición, que en su discurso del siete de mayo, en el Día del Soldado Salvadoreño, los calificó como “el enemigo interno”.
