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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Luego de la reunión sostenida entre técnicos de la Asamblea Legislativa, organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas del conflicto armado para revisar el cuadro comparativo de las propuestas de Ley de Reconciliación Nacional, los afectados advirtieron que la iniciativa de los diputados contiene disposiciones violatorias de derechos humanos.
David Morales representante de las organizaciones de víctimas del conflicto armado afirmó, que la propuesta de los parlamentarios busca que se brinde una impunidad de facto para quienes cometieron crímenes de lesa humanidad durante la guerra civil salvadoreña. “Las disposiciones de esta propuesta eliminan toda posibilidad de penas de prisión para los victimarios condenados, esto esta totalmente en contra del principio de proporcionalidad de las penas; hay también una norma relativa para generar un plazo no razonable para que el fiscal cree una lista cerrada de casos y a todos los que no entren en esa lista si se les aplicará amnistía”, dijo Morales.
Para el exprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos este tipo de propuestas son formas de evadir y generar fraude a la sentencia de inconstitucionalidad, que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó en torno a la Ley de Amnistía General de 1992.
Morales externó que durante la reunión a puertas cerradas con la representación de técnicos del congreso salvadoreño, los representantes de las organizaciones sostuvieron que si los legisladores defienden este tipo de valoraciones, se les informe de los criterios técnicos para abanderar disposiciones de abierta impunidad que van contra los el respeto a los derechos humanos y la decisión de la CSJ.
La propuesta de Ley de Justicia Restaurativa para la Reconciliación Nacional confeccionada por los diputados, establece cinco años como período de vigencia de dicha normativa con la posibilidad de que la misma se prorrogue por dos años más, que para las organizaciones de derechos humanos y familiares de victimas del conflicto armado lesiona la naturaleza imprescriptible de los delitos de lesa humanidad.
“De esta disposición se deriva la figura de la cosa juzgada fraudulenta, ya que en el anteproyecto de ley abanderado por la Asamblea Legislativa no se respeta la ley ni el debido proceso, esta transitoriedad a la vigencia de la ley dejaría en des protección después de cinco años a las victimas para acceder a reparaciones y tener acceso a la justicia también violenta en la práctica el principio de imprescriptibilidad”, sostuvo el representante de las organizaciones.
Los colectivos expusieron a la parte técnica del primer órgano de Estado, que la metodología ordenada por los parlamentarios de establecer coincidencias y diferencias entre la propuesta de ley de ellos y la presentada por las organizaciones es inadecuada, superficial e incorrecta porque no permite el estudio jurídico legal desde la óptica de derechos humanos de lo contenido en ellas.
En visión de Morales, la propuesta de los legisladores contiene tantos defectos que violentan derechos humanos, los cuales resultan no conciliables como el acceso inderogable a la justicia que se debe cumplir.
Otra de las disposiciones que contiene la iniciativa de ley construida por los parlamentarios es que se resta valor probatorio a documentos históricos entre ellos el informe de la Comisión de la Verdad. En este sentido, las organizaciones de derechos humanos y víctimas del conflicto armado consideran que deben replantearse porque resultan en invasión de la independencia judicial.
Para los representantes de los colectivos sociales, la consideración de que no se permita la extradición pasiva, es decir, que otros países soliciten que responsables de crímenes de lesa humanidad respondan por ellos en el extranjero. “Me parece que el propósito fundamental de los diputados al establecer esta prohibición es proteger a los generales imputados como autores intelectuales en la masacre de los padres jesuitas, una intención muy clara de que la ley proteja a ese grupo de ex-altos oficiales de las fuerzas armadas”, indicó Morales.
El exprocurador remarcó que colaborar con la justicia internacional en procesos de intercambio de información y extradición es una obligación de derechos humanos ante crímenes de lesa humanidad y guerra.
Morales se refirió a algunas opiniones de los parlamentarios, en las que manifiestan que el tema no debe verse con deseos de venganza y reiteró que la justicia penal tiene una dimensión preventiva en casos de graves violaciones a derechos humanos, ya que lanza el mensaje de que estas tienen una consecuencia y que la impunidad no es tolerada.
Además detalló que la justicia tiene una dimensión retributiva, y es que el imputado retribuye con una pena o medida que restringe o afecta su libertad por un daño causado en este caso a la vida e integridad de las víctimas.
“Por lo anterior la fijación de la pena y su ejecución deben ser proporcionales al bien que se lesionó, entonces cuando en la propuesta de los diputados se pretende eliminar toda forma de privación de libertad y dar salidas alternativas prácticamente a cambio de nada se busca generar una impunidad de facto a favor de criminales de guerra”, sentenció el exprocurador de Derechos Humanos.
Las organizaciones se refirieron también a la prórroga de cuatro meses dada por la CSJ a la Asamblea Legislativa el 16 de julio de este año, de la cual ya transcurrió la mitad sin resultado palpable alguno, en virtud de lo que consideraron que los diputados están usando el agotamiento de la misma como justificación para aprobar una ley que violente la sentencia de la Sala de lo Constitucional.
