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Ricardo Olmos Guevara
Economista
En las anteriores publicaciones se ha afirmado que la naturaleza de la actividad económica implica contrastes en el aparato productivo, por sus diferentes niveles de productividad y de ingreso. Esta es una realidad mundial y no es propio de una economía en particular, salvo cuando una economía se encuentra concentrada en determinados productos de exportación.
En ese sentido, las realidades que se viven en materia de empleo sugieren que ante las reducidas nuevas oportunidades del aparato productivo, frente a la creciente demanda de nuevos trabajadores en busca de empleo año tras año; ello provoca una brecha de salvadoreños sin empleo, por lo que vivir en El Salvador se vuelve cada día más desesperante para esas mayorías marginadas. Esta situación genera al mismo tiempo consecuencias que pueden constituir graves marginaciones sociales, que actualmente se les denomina vulnerabilidades sociales y a lo largo del tiempo, ello ha generado la existencia de determinados niveles exiguos de protección social de la ciudadanía. Este tipo de realidad que es muy diferenciada, y por lo general se vive en los países menos adelantados, que vienen padeciendo niveles de marginación social, si se les compara con los países europeos y los mismos Estados Unidos, que en su momento propiciaron las redes de protección fundamentados en el Estado benefactor.
La protección social de los salvadoreños y de los latinoamericanos en general es vulnerable, pues están condicionadas por las realidades de la informalidad del mercado laboral y de un aparato productivo con niveles de productividad limitadas. ¿Qué se entiende por protección social? La CEPAL la define como “(…) aquella que abarca una variedad de políticas y acciones en diversos ámbitos que debe promover el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) en el mercado laboral, la alimentación, la salud, las pensiones y el cuidado; también debe buscarse el logro de ciertos niveles dignos de ingreso”.
Los exiguos niveles de protección social que se han erigido a través del tiempo, tiene como origen la limitada participación del hombre en el mercado laboral con contrato que le permite que él y su grupo familiar goce de la seguridad social, situación que se ha venido deteriorando a lo largo del tiempo, pues el porcentaje de los ocupados no logra entrar a ese mercado formal empleándose en actividades pobremente remuneradas, y con dificultades para ingresar a la seguridad social como son las pensiones y los sistemas de salud contributivos.
La reproducción de las desigualdades se focaliza de manera drástica, cuando a lo largo del tiempo no se ha logrado detener el trabajo infantil que afecta a los países pobres como el nuestro. Aún más, la feminización de la pobreza se une a la “infantilización de la pobreza”, que no obstante los impactos positivos de los programas sociales realizados a lo largo de los último años, aún prevalecen graves sintomatologías de esta problemática que se desprenden de los reducidos “espacios fiscales”, destinados a la educación y salud en nuestros países. Así pues la reducida atención de los programas sociales, por una parte y los recursos limitados destinados para estos temas no han logrado resolver los problemas sociales, pues la deuda social acumulada por decenas de años no se supera fácilmente en el corto plazo. Prueba de lo anterior se evidencia cuando se visita a más de algún centro educativo, para observar que no se realizan ni siquiera las actividades de mantenimiento de sus edificaciones, pupitres, pizarras, multimedia, etc. para que esos activos públicos contribuyan a un mejor entorno y calidad educativa de la juventud.
Hay que decir que el concepto de protección social ha evolucionado con el interés de cubrir segmentos poblacionales descubiertos. Es así como se evoluciona desde i) la protección basada en el empleo formal, hacia la protección frente a situaciones de emergencia, avanzando con la protección como asistencia y acceso a la promoción, y lo que finalmente se estableció fue la protección como garantía ciudadana (Ocampo, Roberto Rivera, CEPAL 2016). Sin embargo, estas iniciativas a lo largo de los años han tenido un desempeño que en materia de cobertura solamente mitigó los graves desequilibrios que aún se mantienen en nuestro país.
El gasto público social ha sido un compromiso en donde los diferentes países de América Latina han fortalecido la cobertura para atender las necesidades sociales, generando estabilidad en las políticas sociales aunque siempre con limitados programas por el espacio fiscal insuficiente, sin lograr hasta la fecha la reducción de las brechas de más de la tercera parte de la población ocupada que se encuentra sin protección social alguna. Prueba de ello es la cobertura limitada del sistema de pensiones en El Salvador, la cual no sobrepasa ni el cuarto de la población ocupada del país incidiendo negativamente las condiciones de vida de la población trabajadora salvadoreña. ¿Qué se debe de hacer para enfrentar este aspecto? Si en efecto se quiere una protección social que dignifique a los trabajadores, se debe generar los fondos presupuestarios para que los trabajadores se retiren con pensiones que al menos cubra la canasta ampliada. Esa debería ser al menos la meta. Esto al mismo tiempo no solamente asegura estabilidad, y más cohesión social sino que permite un respiro a la democracia política del país.
Por ello la inversión temprana en la juventud en sus procesos de formación profesional se vuelve crucial. No hay tiempo para esperar pues las necesidades gritan a nuestros oídos diariamente, para que sean cubiertas esas necesidades de primer orden. Otro de los desafíos nacionales que se ha vuelto acuciante e irrenunciable en su solución es la actual insostenibilidad del sistema de pensiones privado. ¿O no es cierto que los adultos mayores carecen en su mayor parte de una transferencia que les permita vivir con dignidad?
Estos son los desafíos nacionales que hoy por hoy no se plantean en los debates públicos, sino que son otros temas sin impacto en la vida de la población que diariamente los medios de comunicación plantean. Es lamentable, por ejemplo que ni siquiera la iglesia en sus variadas denominaciones promueva de manera permanente el enaltecimiento del bien común, y por supuesto el goce de los derechos humanos en el criterio más amplio tal como lo definen las Naciones Unidas. Se trata en definitiva de un compromiso compartido y de solidaridad el cual, por cierto, no es solo un compromiso exclusivo del Estado, sino que además debe de ser del sector privado en la provisión de remuneraciones a sus trabajadores con trabajos decentes. Se debe propiciar y eliminar el círculo perverso de pobres salarios pues generan al mismo tiempo pobres resultados en los sistemas de pensiones cuando los trabajadores logran su retiro de la vida laboral. Hay que pensar en el breve plazo en nuevas redes sociales, para que las mayorías se les reduzcan los niveles de marginalidad social prevalecientes.
La presencia del Estado para que se protejan los derechos económicos y sociales se vuelve imperativo. Erigir nuevos sistemas de protección social se vuelve urgente dado que los actuales entraron en crisis, y no resuelven las necesidades de seguridad sociales presentes ni futuras.
La evaluación y propuesta de nuevas reformas a los sistemas de aseguramiento de esos derechos se vuelve esencial, para ofrecer gobernabilidad con la protección de las políticas sociales nacionales de protección social de los salvadoreños. La democracia pierde sentido al considerarla únicamente una persona es igual a un voto. Muy por el contrario la democracia debe de revestir el complejo proceso de valorar la vida en toda su integridad.
