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Norma Guevara de Ramirios
¿Será que el circulo cercano al presidente Bukele es incapaz de darse cuenta del daño que están causando al pueblo?, ¿será que si se dan cuenta la soberbia les impide corregir? La expectativa electoral que les mueve a promover el miedo y la perfilar la figura de presidente protector para ganar apoyo en 2021, no justifica tanto sacrificio impuesto.
Ya quedó claro como ocurrió el acuerdo entre la derecha parlamentaria y el gobierno de Bukele para obtener autorización de endeudamiento por mil millones de dólares (DL No. 640), y una ley que regule la cuarentena con la cual los funcionarios de gobierno buscaban protegerse de las demandas por las numerosas violaciones a derechos humanos y garantías constitucionales que han cometido.
La derecha empresarial y la derecha legislativa pagan caro conocer a un presidente que merece el calificativo de dictador, se dan cuenta que sobre las vaguedades de la ley de cuarentena, en su artículo 8 en el que prácticamente se le delega poder regulatorio al Ministerio de Salud (DL No. 639), el presidente montó el Decreto Ejecutivo No 22, en el que se establecen con claridad las restricciones de movilidad, transito y otros que por sus efectos violentan el derecho a la alimentación, derecho de acceder a la salud, y al trabajo autorizado por la misma ley.
El daño ya está hecho, miles de situaciones pueden ser descritas para fundamentar esta afirmación y por eso hasta la propia fracción de ARENA, que pactó el acuerdo con el Gobierno, ahora pide la derogación de la Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia del COVID-19, además de calificar de extralimitación la actuación del órgano Ejecutivo.
Al imponer el paro absoluto del transporte público, al 80 % de la población se le impide contar con recursos para ir a una consulta médica, tratamiento o examen; tampoco se puede ir a comprar alimentos o medicinas; se impide sacar los productos y se obliga a pérdida de cosechas de frutas, verduras de corta duración y a las personas de adquirir los recursos para su sostenimiento.
El reparto de paquetes que dicen tener un costo de $50 y que según la propia gente su valor no pasa de $10, se hace con los mismos criterios que se usan para entregar paquetes agrícolas, utilizando las estructuras de uno de los partidos del presidente (NI), y con esos paquetes se está lejos de aplacar el hambre que empieza a causar estragos en el seno de familias pobres.
Por muchas restricciones y temor que el presidente impone en el personal de salud, las paredes oyen y queda claro entonces que el manejo de la pandemia está pésimamente mal, que el discurso de llamarles héroes es distinto a lo que ocurre en la realidad. Señalan la desprotección del personal, lo errático de las decisiones sobre el uso de la propia red hospitalaria, la decisión caprichosa de mantener los centros de contención como fuente del contagio hacia los territorios.
De modo que la crisis de salud se agrava, no solo por el coronavirus, muchos pacientes tienen postergados sus tratamientos, llaman a los teléfonos y nadie les responde. Se permite salir, pero se impide el transporte, al que le permiten trabajar le impiden comprar agua o alimentos, lo que permite la ley lo prohíbe el decreto ejecutivo.
Se van articulando con efectos muy dañinos la crisis de salud, la crisis política por un manejo que muestra irracionalidad, con la crisis política que ya era grave antes de la pandemia y que se expresó mas claramente con el Golpe de Estado del 9 de febrero, el deterioro de la capacidad económica de decenas de miles de familias; y el descrédito internacional del país.
Una lección para los actores políticos obligados a tratar con el presidente, es que se dan cuenta que además de incumplir la Constitución, las leyes y las sentencias judiciales, tampoco es capaz de cumplir compromisos políticos, tales son las declaraciones de empresarios.
El avance de la crisis debe mover a actuar en primer lugar a la ciudadanía expresando con libertad y sin miedo su realidad, su sacrificio injustificado e injustificable, su opinión; las organizaciones sociales, gremios y fuerzas políticas. Las personas que más sufren con detenciones ilegales en centros de contención exigen a gritos que se les proteja de tanto atropello.
Es imperativo que actúen las instituciones con mandato constitucional y deberes irrenunciables que pueden poner freno al descalabro institucional que se percibe dentro y fuera del territorio, la Fiscalía General de la República; la Sala de lo Constitucional y la propia Asamblea Legislativa, por el bien de la nación actúen.
